La magistrada bonaerense, suspendida e investigada penalmente, enfrenta desde este jueves un juicio político por haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”, centrado en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
La jueza Julieta Makintach enfrenta desde este jueves el inicio de su juicio político en el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. Suspendida e investigada penalmente, la magistrada podría ser destituida por haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”, centrado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, según informó TN.
La audiencia comienza a las 9 y marca el punto de partida de un proceso cargado de tensiones y acusaciones de persecución. El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por abogados y legisladores provinciales, entre ellos Agustín Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y los senadores Ariel Martínez Bordaisco y Sergio Vargas.
Los testigos de las partes
Entre los testigos convocados por la acusación se encuentran los familiares de Maradona, además de abogados, periodistas y los jueces que integraron junto a Makintach el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Los primeros en declarar serán el fiscal Patricio Ferrari, tres policías que permitieron el ingreso de las cámaras y el realizador Jorge Ignacio Huarte.
La defensa llamó a cuatro exalumnos de la jueza y a dos responsables de la productora Ladoblea S.A. El abogado Darío Saldaño calificó al proceso de “apresurado” y pidió una cautelar ante la Corte para suspender la audiencia. “La acusación no tiene sustento fáctico, pero sí consideraciones morales ajenas a la ley”, afirmó.
Cohecho, abuso de autoridad y malversación
Los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo acusaron a Makintach de impulsar un proyecto audiovisual con fines económicos. En paralelo, enfrenta una causa penal por cohecho pasivo, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación de deberes y peculado de servicios.
También fueron imputados José María Arnal Ponti, titular de la productora; el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio; y María Lía Vidal Alemán, amiga de la jueza y autora de la idea original. El juez Esteban Rossignoli ordenó secuestrar computadoras con material que será analizado como prueba clave.
La magistrada calificó el proceso como una “persecución” y sostuvo que aún hay recursos pendientes. “Se ve el apuro, pero en un Estado de Derecho esto no sería posible”, afirmó. Desde la acusación, el abogado Rodolfo Baqué aseguró que Makintach “puso en riesgo la credibilidad de la Justicia” al negar la filmación y hacer trabajar a la fiscalía.
Si el jurado resuelve su destitución, el proceso penal continuará. Si la absuelve, la causa se archivará. Makintach está suspendida por la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento y cobra solo el 40% de su sueldo. No puede renunciar mientras dure la investigación.
