Será desde las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7. Cristina Fernández de Kirchner está imputada como jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían sido beneficiados con la adjudicación de contratos estatales. También serán juzgados otros 19 exfuncionarios y 65 empresarios, entre los que se encuentra el nicoleño Juan José Luciano, a quien le imputan 12 cohechos activos.
De la redacción de EL NORTE
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 7 de la Capital Federal juzgará desde este jueves a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, entre los que se encuentra el nicoleño Juan José Luciano, titular de la constructora Luciano S.A., a quien se le imputan doce cohechos activos.
Cristina Fernández, exfuncionarios y empresarios están acusados de liderar, organizar o conformar —de acuerdo a cada caso— una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la titular de la Fiscalía General N° 5 ante los TOF, Fabiana León, junto al fiscal coayuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.
De acuerdo al cronograma fijado por el tribunal, está previsto que, en lo que resta de 2025, las audiencias se realicen todos los jueves de 9.30 a 13.30, mientras que, desde marzo de 2026, se añadirá una segunda jornada. Las audiencias se harán —salvo excepciones— de forma virtual a través de la plataforma Zoom —con acreditación previa para el público— y, algunas de ellas, se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
Sobre la base de las pruebas recabadas, se estableció “la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.
“Los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.
La acusación
Para el Ministerio Público Fiscal, existía un sistema ilegal de recaudación con “dos canales totalmente independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”. Por un lado, había una “vertiente directa en la que no había ningún tipo de intermediario, puesto que eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios” y se comunicaban directamente con ellos. La segunda rama estaba integrada por otros funcionarios, y por Clarens y Wagner. “Si bien los dos grupos tuvieron una actuación conjunta, aunque distinta, en cuanto a sus integrantes y a su implementación, ambos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo de la Nación”.
Previo al inicio del debate, en septiembre pasado, las defensas de 47 empresarios y de cuatro exfuncionarios efectuaron sus respectivas propuestas de reparación integral. En ese entonces, la fiscal general León opinó que debían rechazarse los ofrecimientos, ya que no se daban las condiciones para aplicar el instituto previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, “por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual, y por oposición fiscal fundada”. En la audiencia donde fue tratado el planteo, León afirmó: “En esta fiscalía no se vende impunidad”.
A su turno, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, del TOF N° 7, rechazaron las propuestas de reparación integral efectuadas, al entender que la oposición de la fiscalía era “vinculante para decidir sobre la procedencia del instituto”.
