La nueva fecha será durante el primer trimestre de 2026, según confirmó el Ministerio de Justicia, pese al reclamo del Ministerio Público Fiscal.
El Gobierno nacional volvió a postergar la implementación del sistema procesal acusatorio en los Tribunales de Comodoro Py y fijó como nueva fecha el primer trimestre de 2026. La decisión se adoptó a través del Ministerio de Justicia, pese al reiterado reclamo del Ministerio Público Fiscal para que se cumpla con el calendario previsto.
Según confirmaron fuentes oficiales, no será el 10 de noviembre la fecha para que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en los tribunales de Retiro ni en la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue firmada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, bajo la resolución que llevará la rúbrica de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la licencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que el aplazamiento responde a motivos similares a los de la anterior postergación. Indicaron que aún resta completar el traspaso de personal y realizar inversiones en infraestructura y tecnología requeridas por los fiscales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
En los Tribunales de Retiro remarcaron que la prioridad es asegurar que el nuevo modelo funcione de manera adecuada antes de su entrada en vigencia. Por ese motivo, resolvieron extender el plazo hasta el primer trimestre de 2026.
Esta no es la primera vez que el Gobierno difiere la aplicación del sistema. En agosto de este año ya había dispuesto un aplazamiento hasta el 10 de noviembre, a través del decreto 530/2025 firmado por Cúneo Libarona. En esa oportunidad, el documento señaló que “a criterio del Gobierno Nacional se encuentran insatisfechas las condiciones para la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.
El texto también aclaró que la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, “ha informado que, desde su perspectiva, no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal es uno de los principales desafíos del país en materia judicial. Actualmente, el 32,5% de los cargos de jueces nacionales y federales se encuentran vacantes, mientras que el 46,8% de los despachos del Ministerio Público Fiscal carecen de fiscales titulares.
En marzo del año pasado, el ministro Cúneo Libarona había presentado los lineamientos del nuevo sistema, con el objetivo de lograr “una justicia eficiente y rápida”. Explicó que, a partir de la implementación, toda causa será recibida por el Ministerio Público Fiscal, que decidirá cómo proseguir: “Primero analiza si vale la pena investigar eso, llamado principio de oportunidad. Luego, puede plantear un juicio abreviado, una probation o una reparación”.
El funcionario precisó además que “el sistema acusatorio significa la presencia de un fiscal que investiga, la defensa y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles jurisdiccionales”. En esa línea, destacó que la reforma busca reducir los plazos judiciales: “Evitamos un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos”.
