Marcos Aldazábal, Elizabeth Gómez Alcorta y Roberto Rallin —socios de referentes de distintos espacios políticos— se sumaron a la causa por la elaboración y distribución del medicamento que dejó 140 víctimas fatales.
La causa por el fentanilo mortal —que investiga la adulteración de medicamentos que provocó la muerte de 140 pacientes— incorporó a tres nuevos abogados defensores con fuertes vínculos políticos.
De acuerdo a Infobae, Marcos Aldazábal, Elizabeth Gómez Alcorta y Roberto Rallin, socio de Francisco Oneto, asesor legal de Javier Milei, asumieron la defensa de Diego García Furfaro y Javier Martín Tchukrán, mientras que Gastón Marano continúa representando al principal acusado, Ariel García Furfaro.
El cambio de representación sacudió el expediente que conduce el juez Ernesto Kreplak, a cargo de reunir pruebas contra los 14 procesados.
Aldazábal, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el atentado en su contra, y Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández, integran el mismo estudio jurídico que Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia bonaerense. Ambos también representan a Milagro Sala, condenada por asociación ilícita y otros delitos.
La presencia del dúo ligado al kirchnerismo generó repercusión en los tribunales federales. Según fuentes judiciales, Ariel García Furfaro había visitado a Cristina Fernández en el Instituto Patria antes de su condena por corrupción. Luego, fue procesado con prisión preventiva junto a su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro, acusados de adulteración de sustancias medicinales y delitos contra la salud pública.
El nuevo defensor de Javier Martín Tchukrán, Roberto Rallin, es socio de Francisco Oneto, quien fue candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza y hoy asesora al presidente Javier Milei. Ambos representaron al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de lavar 550 millones de dólares del narcotráfico. La Corte Suprema ya autorizó su extradición, prevista para el 5 de noviembre.
La trama judicial también alcanzó al diputado José Luis Espert, mencionado en la investigación por presuntos lazos económicos con Machado. Según el expediente, habría recibido 200 mil dólares por una asesoría vinculada a un proyecto minero y treinta vuelos privados valuados en 350 mil dólares durante la campaña presidencial.
Mientras tanto, la investigación por el fentanilo continúa. El Instituto Malbrán detectó irregularidades graves en la producción de ampollas elaboradas por HLB Pharma, propiedad de García Furfaro. Los lotes 31202 y 31244 presentaban “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”, además de un proceso de fabricación “poco robusto e inconsistente”, según el informe pericial.
Con estas pruebas, el juez Kreplak dictó los procesamientos y las defensas apelaron ante la Cámara Federal de La Plata, que deberá decidir los próximos pasos. La coincidencia de abogados vinculados tanto al kirchnerismo como al oficialismo libertario vuelve a poner al expediente bajo una atención política inusual.
