Con respaldo electoral y apoyo legislativo, el Gobierno relanza su ofensiva para modernizar la legislación laboral. La iniciativa amplía la jornada de trabajo, modifica licencias e impulsa beneficios fiscales para empleadores.
El Gobierno nacional relanzó su plan de reforma laboral, uno de los ejes centrales del programa económico de Javier Milei. Tras el respaldo electoral y el apoyo legislativo, el Presidente confirmó que el proyecto será el primer paso de un paquete de reformas estructurales.
“Tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible y terminar con la evasión. Pero antes debe haber una modernización laboral”, explicó Milei. Además, advirtió a los gremios: “Si los sindicatos piensan esto como negocio, están liquidados”. Desde el movimiento sindical respondieron que el Gobierno “busca volver al siglo XIX en materia de derechos laborales”.
El proyecto, impulsado por la diputada Romina Diez, lleva por título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. La propuesta, que había quedado fuera de la Ley Bases en 2024, apunta a reducir la informalidad, promover la contratación formal y modernizar las relaciones laborales.
Cambios en la jornada, licencias e indemnizaciones
El texto propone permitir jornadas laborales de hasta 12 horas bajo acuerdos en las convenciones colectivas de trabajo, con un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas. Además, incorpora regímenes de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios.
En cuanto a las licencias, se introduce un nuevo procedimiento médico a cargo del Ministerio de Capital Humano. Si el trabajador no se reincorpora tras un año de reserva del puesto, cualquiera de las partes podrá finalizar la relación sin indemnización. También se flexibiliza el régimen de vacaciones, que podrán dividirse en períodos no menores a una semana, garantizando su disfrute en verano al menos cada dos años.
Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán abonar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. Además, se habilita el pago de salarios en efectivo, cheque o transferencia, y se autoriza el uso de recibos electrónicos con información detallada sobre los conceptos liquidados.
La iniciativa incluye un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo en los primeros 18 meses de vigencia. Las microempresas accederán al 100% de las contribuciones patronales durante 12 meses; las pequeñas al 75%; las medianas al 50% y las grandes al 25%. El beneficio se aplicará solo si el nuevo puesto representa un incremento neto en la nómina.
Además, quienes consigan empleo formal podrán mantener su asistencia social por hasta 13 meses. El proyecto también incorpora el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que otorga beneficios fiscales a empresas que inviertan entre 150.000 y 30 millones de dólares, con deducciones en Ganancias y devolución anticipada de IVA.
Rechazo gremial y debate político
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, principal redactor del DNU 70/23, fue uno de los impulsores del texto, basado en su concepto de “negociaciones dinámicas” por empresa y productividad. Según se debatió en el Consejo de Mayo, el proyecto busca ser “el puntapié de una nueva etapa de transformaciones”.
Sin embargo, la CGT mantiene su rechazo. “La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral”, advirtió Gerardo Martínez (UOCRA).
Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA, señaló que la iniciativa podría significar “un retroceso histórico en los derechos laborales” y cuestionó que “parte de la idea falsa de que trabajadores y empleadores están en igualdad de condiciones”. Además, advirtió que la desregulación “nos lleva a una época donde el Estado no intervenía y los trabajadores podían ser explotados sin límites”.
