El bloque de concejales radicales presentó una nota formal en la que denunció presiones e intimidaciones hacia el cuerpo legislativo por parte de la firma involucrada en la polémica por Costa Pobre. Solicitaron una rectificación y el cese de manifestaciones agravantes.
El Bloque de concejales de Juntos – UCR presentó una nota formal ante la Presidencia del Concejo Deliberante de Ramallo, en la que manifiesta su enérgico repudio a las amenazas e intimidaciones dirigidas al cuerpo legislativo local y solicita que se intime a la empresa Oramac Construcciones S.A. a realizar una rectificación pública, tras la nota enviada en torno a la polémica en Costa Pobre.
Según expresaron los ediles, las declaraciones y comunicaciones emanadas desde la firma fueron interpretadas como un intento de presión sobre el funcionamiento institucional del Concejo, lo que motivó una reacción inmediata en defensa del respeto y la independencia de los poderes públicos.
“Consideramos inadmisible cualquier accionar o declaración que busque presionar o condicionar el funcionamiento del Concejo, que es la representación legítima y soberana de los vecinos de Ramallo”, señalaron los integrantes del bloque, quienes subrayaron la gravedad institucional de los hechos y la necesidad de que exista una respuesta firme y ejemplificadora.
La nota ingresada al recinto deliberativo pide que se intime formalmente a la empresa a cesar toda manifestación agraviante o intimidatoria y que proceda a una rectificación pública, reconociendo el carácter democrático y representativo del órgano deliberativo. “La autonomía de los poderes del Estado y el respeto por las autoridades electas son pilares esenciales de la convivencia democrática”, remarcaron los concejales firmantes.
Desde Juntos – UCR reafirmaron su compromiso con la defensa de la institucionalidad, la transparencia y el diálogo político, sosteniendo que “las diferencias se debaten con argumentos, no con agravios ni presiones”. En esa línea, insistieron en que el Concejo Deliberante debe ser preservado como el ámbito natural del debate público, donde se discuten proyectos y políticas que impactan directamente en la vida de los vecinos.
El bloque también solicitó que este tema sea incorporado al orden del día de la próxima sesión ordinaria, con el propósito de que el cuerpo en pleno evalúe las medidas a adoptar y siente un precedente claro ante cualquier intento de amedrentamiento institucional.
“Cualquier intento de condicionar su accionar no sólo afecta a los concejales, sino a toda la comunidad que se ve representada en este cuerpo”, expresaron los ediles radicales, advirtiendo sobre la necesidad de defender el respeto y la convivencia democrática por encima de intereses particulares o corporativos.
El pronunciamiento se da en un contexto de creciente tensión entre la empresa Oramac S.A. y sectores de la comunidad de Ramallo, especialmente tras el debate público sobre el uso del suelo y los proyectos de desarrollo portuario en la zona de Costa Pobre, donde vecinos y organizaciones sociales han manifestado su rechazo a posibles emprendimientos industriales o logísticos.
Finalmente, el bloque de Juntos–UCR reafirmó que defender al Concejo es defender la democracia, y dejó en claro que no permitirán que se vulneren los principios institucionales que garantizan la pluralidad y la libre expresión de los representantes del pueblo. “El diálogo, el respeto y la ley son los únicos caminos posibles en una sociedad democrática”, concluyeron.
