El Ejecutivo dispuso la privatización de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estatales y gremios convocan a una movilización en defensa de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales Atucha I y II y Embalse.
El Gobierno nacional oficializó la venta de cuatro centrales hidroeléctricas, en el marco de su plan de privatizaciones, mientras crece la preocupación por el futuro de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida se formalizó mediante la resolución 1569/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La disposición establece la venta de la totalidad del paquete accionario de las sociedades anónimas que controlan a las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El procedimiento se realizará a través de un concurso público nacional e internacional. Los pliegos estarán disponibles en los sitios web del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “CONTRAT.AR”, del Banco Mundial (“DGMARKET”) y de la Secretaría de Energía.
Con esta medida, el Ejecutivo que encabeza Javier Milei avanza en la venta de activos energéticos estatales, en línea con el plan de privatización de ENARS. Según se informó oficialmente, el objetivo es recaudar divisas y reducir la participación estatal en el sector energético.
La estrategia también alcanza a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), empresa que administra las tres centrales nucleares del país. El Gobierno habilitó la venta del 44% del capital accionario de la compañía, manteniendo el 51% bajo control estatal y destinando el 5% restante a los trabajadores.
Protestas y oposición política
La decisión generó fuerte rechazo de los gremios y del arco opositor. “Las centrales no se venden”, manifestaron las dos CTA, que convocaron para este miércoles una caravana desde la rotonda de Atucha hasta la de Zárate, donde se realizará una concentración en defensa de la empresa estatal.
En el plano político, el senador José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria, busca reunir los dos tercios necesarios en la Cámara Alta para declarar “inenajenables” las hidroeléctricas, aunque la cercanía de las elecciones podría dificultar la votación.
Las centrales a privatizar
Las cuatro hidroeléctricas que serán puestas en venta forman parte de los principales complejos de generación del país. Alicurá, construida en 1984 sobre el río Limay entre Neuquén y Río Negro, cuenta con una potencia instalada de 1.000 MW y una generación media anual de 2.360 GWh.
En el mismo curso de agua se ubican El Chocón, con una generación media anual de 3.350 GWh, y Piedra del Águila, que produce unos 5.500 GWh al año. Por su parte, el complejo Cerros Colorados, emplazado sobre el río Neuquén, aporta alrededor de 1.510 GWh anuales y cumple además funciones de control de crecidas y riego.
El anuncio sobre las hidroeléctricas coincide con la autorización para la venta parcial de Nucleoeléctrica, lo que encendió alertas en el sector nuclear. La empresa abastece aproximadamente el 8% de la electricidad del país.
El plan, impulsado por Demian Reidel —responsable del Plan Nuclear Argentino y asesor cercano al Presidente—, plantea el ingreso de capitales privados en el área. Según el texto oficial, la operación cuenta con el aval legislativo otorgado por la Ley de Bases.
La controversia política se amplificó luego de que desde la oposición se vinculara el proceso de privatización con posibles inversiones extranjeras en el sector energético. El senador Mayans advirtió sobre “la injerencia de capitales internacionales” en la venta, en referencia al reciente anuncio de una inversión de 25.000 millones de dólares por parte de una empresa tecnológica extranjera interesada en desarrollar un centro de datos en Argentina.
Mientras tanto, las organizaciones gremiales preparan una jornada de protesta en Zárate, donde trabajadores de Atucha, representantes sindicales y sectores políticos buscarán frenar la privatización de Nucleoeléctrica y defender la continuidad estatal de las principales generadoras energéticas del país.
