El oficialismo defendió su postura y rechazó la moción de censura; la cuestión de la interpelación a Francos deberá resolverse en el recinto

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron este lunes emitir un dictamen para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la decisión del Gobierno de no aplicar la ley de Discapacidad bajo el argumento de que el Congreso no definió el mecanismo de financiamiento correspondiente. La medida, que declara la emergencia en materia de discapacidad, requiere este año una asignación estimada de 3 billones de pesos.
El Ejecutivo sostuvo que la implementación de la norma quedará suspendida hasta que el Parlamento establezca de dónde provendrán los recursos. En ese contexto, y en cumplimiento del emplazamiento votado la semana pasada, se realizó un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por el libertario Nicolás Mayoraz y la diputada del PRO Silvia Lospennato.
Dictámenes enfrentados y apoyo opositor
En la reunión, la oposición reunió 29 firmas y consiguió un dictamen de mayoría para avanzar con la interpelación. El documento fue respaldado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Encuentro Federal, que votó dividido por diferencias sobre la posibilidad de acompañar una moción de censura.
En paralelo, el oficialismo y el PRO presentaron un dictamen de minoría, mientras que otro fue firmado por un sector del bloque Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano, junto al cordobés Juan Brugge. El tema deberá ser tratado ahora en el recinto para definir si se aprueba la interpelación y en qué fecha deberá presentarse Francos ante los diputados.
Aunque prosperó la iniciativa para convocar al jefe de Gabinete, se descartó momentáneamente la moción de censura impulsada por algunos sectores opositores. Los bloques dialoguistas consideraron que aplicar ese mecanismo constitucional sería “excesivo” y podría tensar aún más el clima político.
Los argumentos del debate
El autor del proyecto, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, afirmó que la interpelación busca exigir explicaciones sobre el incumplimiento de la ley. “No hay un tema personal con el jefe de Gabinete; es la persona que la Constitución indica para reasignar partidas y, además, quien firmó el decreto diciendo que no va a cumplir con la ley”, sostuvo.
Agregó que el Congreso no puede “mirar para otro lado” ante una decisión que, según dijo, vulnera el Estado de derecho. “No admito que finjamos demencia cuando el Gobierno dice por decreto que no va a cumplir con una ley. Ahí se rompe el Estado de derecho y no lo podemos permitir”, enfatizó.
Desde Unión por la Patria, Daniel Arroyo calificó la decisión oficial como “un hecho inconstitucional, absurdo y brutal contra las personas con discapacidad y sus familias”. El diputado pidió que “prime la racionalidad” y que el Gobierno “haga lo que tiene que hacer ante un proceso doloroso y desesperante”.
Rechazo del oficialismo y posiciones intermedias
Entre los sectores que no acompañaron la iniciativa, el diputado Pablo Juliano aclaró que su espacio no apoyará una moción de censura. “No queremos darle de comer a un gobierno tan sensible y débil”, expresó.
En tanto, la diputada del PRO, Silvana Giudici, rechazó la interpelación con el argumento de que podría usarse como una herramienta política. “Cuando la moción de censura se aplica para ejercer un control político, lo que se genera es un intento de desestabilización”, señaló.
La oposición buscará ahora obtener el respaldo suficiente en el recinto para concretar la citación formal de Guillermo Francos. Si se aprueba, el jefe de Gabinete deberá presentarse ante los diputados para explicar por qué el Gobierno decidió no implementar la ley de Discapacidad pese a su promulgación y vigencia.

