La abogada Yanina Nicoletti presentó una denuncia penal contra el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, Néstor Costabel, por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La presentación sostiene que el juez habría impedido el ingreso de dos letrados al penal de Ezeiza para entrevistar a su defendido, Lázaro Báez. Según la denuncia, la medida fue “arbitraria, infundada y manifiestamente ilegal”, afectando el derecho de defensa y el debido proceso.
Restricción cuestionada en el penal de Ezeiza
La denuncia, ingresada el 10 de octubre, detalla que el juez Costabel ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) negar el acceso a la Unidad N° 15 a los abogados Florencia González y Lucas Nicoletti, colaboradores del estudio jurídico que asiste a Báez.
El hecho se habría producido en la previa de diligencias vinculadas al estado de salud del empresario. Para la defensa, la orden vulneró garantías amparadas por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Antecedentes de presuntas irregularidades
Nicoletti advirtió que no sería la primera vez que el magistrado obstaculiza la labor de la defensa. En julio pasado, también habría denegado su ingreso al penal, lo que motivó la presentación de un habeas corpus ante un juzgado de Río Gallegos.
Esa intervención derivó en una resolución del juez Jorge Gorini, quien finalmente autorizó la visita. Además, la letrada señaló que Costabel habría intentado imponer condiciones irregulares, como revisar la documentación intercambiada entre Báez y sus abogados, algo que —según afirma— violaría el secreto profesional.
Pruebas presentadas y pedido al Consejo de la Magistratura
La denuncia incluye correos electrónicos enviados al SPF, registros de comunicaciones con funcionarios penitenciarios y testimonios de distintos actores judiciales. Nicoletti también pidió que se informe al Consejo de la Magistratura para que evalúe la conducta de Costabel desde el punto de vista disciplinario.
La presentación judicial lo acusa de los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, que sancionan el abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público.
