El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó esta semana, en medio de fuertes cuestionamientos, el convenio entre el municipio y la empresa Fiplasto, mediante el cual el gobierno local condona una deuda millonaria en tasas municipales a cambio de 30 hectáreas de terrenos que serían destinadas al Banco de Tierras. El acuerdo, impulsado por el intendente Mauro Poletti, fue presentado por el oficialismo como “un hecho histórico” que permitirá generar casi 700 lotes para vecinos que no poseen vivienda.
Sin embargo, la votación estuvo lejos del consenso. Cinco concejales de la oposición —entre ellos los de Juntos-UCR— decidieron abstenerse, al considerar que el convenio presenta “graves inconsistencias” en la valuación de los terrenos y en el cálculo de la deuda real de la empresa. “No cuestionamos la necesidad de generar suelo urbano, pero no podemos votar a ciegas una operación de más de siete millones de dólares sin un estudio técnico serio. Esto debe revisarlo el Tribunal de Cuentas”, advirtió el concejal Sergio Costoya, quien además criticó que el oficialismo haya “apurado la aprobación sin un debate profundo”.
El acuerdo fue aprobado por mayoría con los votos del bloque de Unión por la Patria, pero también hubo abstenciones internas dentro del propio oficialismo, lo que dejó en evidencia la incomodidad que generó el tema incluso entre aliados del intendente. A pesar de las modificaciones introducidas por la oposición durante el tratamiento en comisión, el texto final no incluyó mecanismos claros de control ni una auditoría independiente sobre el valor real de las hectáreas cedidas.
Desde el Ejecutivo, Poletti defendió el convenio y aseguró que se trata de una operación “altamente beneficiosa” para el municipio. Según el intendente, la empresa debía abonar unos 2,5 millones de dólares en tasas y contribuciones durante los próximos cinco años, pero las tierras entregadas estarían valuadas en casi 7 millones, lo que representaría —según su argumento— “un importante ahorro y una oportunidad de desarrollo urbano”.
No obstante, para la oposición y parte de la comunidad, el acuerdo abre interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos y el vínculo entre el municipio y una empresa con antecedentes de conflictos ambientales. “El gobierno municipal presenta esto como una gran conquista, pero lo cierto es que se condona una deuda millonaria sin garantizar transparencia ni participación ciudadana. No se trata solo de tierras, sino de confianza institucional”, cuestionaron desde Juntos.
