La jueza de Faltas de Ramallo intimó a la guardería a presentar un inventario de embarcaciones para garantizar la devolución a sus dueños, tras el vencimiento de la concesión municipal
La Guardería Náutica del Puerto de Ramallo atraviesa horas decisivas tras la clausura dispuesta por el Municipio. La Jueza de Faltas del distrito, Dra. Sol Aroza, resolvió intimar a la firma Guardería Puerto Ramallo a presentar, en un plazo de 24 horas, un listado completo de los bienes de terceros que permanecen dentro del Galpón N° 1, entre ellos lanchas, botes y motos de agua.
El objetivo de la medida es claro: identificar a los dueños de las embarcaciones y garantizar su restitución sin demoras. La decisión judicial llega luego de que el Ejecutivo municipal clausurara el predio por el vencimiento de la habilitación comercial y la caída de la concesión que databa del año 2023. La entrega de las instalaciones al Estado se había visto demorada en los últimos meses debido a la resistencia a ceder el espacio.
En su resolución, la jueza determinó que tanto el Registro como el responsable de la guardería deben trabajar en conjunto para organizar la devolución de los bienes a sus propietarios. Además, advirtió que en caso de incumplimiento, los antecedentes serán remitidos a la justicia penal bajo los términos del artículo 239 del Código Penal, que sanciona el desobedecimiento a una orden judicial.
La historia de la guardería se remonta a inicios de los años 2000, cuando el proyecto nació como una iniciativa turística que prometía darle un nuevo impulso al puerto local. Sin embargo, con el correr del tiempo se transformó en un negocio privado de alta rentabilidad, sostenido bajo el pago de un canon al municipio que muchos consideraban insignificante en comparación con las ganancias obtenidas.
En declaraciones públicas, la jueza Aroza explicó que el foco de su intervención está puesto en proteger a los terceros damnificados. “Lo que le preocupa al Juzgado son los bienes que están adentro, que son ajenos, y que no deben ser perjudicados por la falta de habilitación”, señaló. Y agregó: “Se intimó al infractor a presentar un inventario con datos personales y de contacto de cada propietario, para coordinar la entrega de las embarcaciones”.
Según la propia magistrada, el listado ya fue presentado en la mañana de este viernes. “Hay gente de Ramallo y mucha gente de afuera”, precisó, al tiempo que indicó que el Juzgado de Faltas se comunicó con el Ejecutivo municipal para organizar las devoluciones.
La clausura de la guardería había sido ordenada tras un operativo de control en el que no se pudo constatar la documentación requerida. “Si se solicita la habilitación y no se tiene, la norma es clara: se procede a la clausura. La infracción en este caso es la falta de habilitación”, explicó Aroza.
