El exministro de Planificación y otros dos acusados deberán devolver 5,5 millones de dólares al Estado; además, recibió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El exministro de Planificación Federal Julio de Vido fue condenado este martes a cuatro años de prisión por el pago indebido de comisiones en la importación de Gas Natural Licuado (GNL). Según la investigación, la maniobra se habría realizado entre 2008 y 2015 y provocó una pérdida de casi 7 mil millones de dólares al Estado.
En la misma causa, el exfuncionario Roberto Baratta recibió una pena de tres años y seis meses de prisión, mientras que el empresario Nicolás Dromi San Martino fue condenado a tres años en suspenso. Además, el Tribunal Oral Federal 7 dispuso que los tres acusados devuelvan en conjunto 5,5 millones de dólares en concepto de reparación.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero encontraron a De Vido y a Baratta responsables del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, imponiéndoles también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena a Dromi San Martino incluye, además, la obligación de realizar un curso de ética pública para el sector privado.
Si bien las penas para De Vido y Baratta son de cumplimiento efectivo, ambos permanecerán en libertad hasta que el fallo quede firme. El veredicto se leyó por videoconferencia, con la presencia de los acusados. En sus últimas palabras, De Vido se limitó a agradecer “el trato a los jueces”.
Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 28 de noviembre, momento a partir del cual las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal. Durante el juicio oral, tanto los exfuncionarios como el empresario habían solicitado sus absoluciones.
Este fue el quinto juicio que atravesó De Vido y la tercera condena que recibe. Anteriormente había sido sentenciado por la tragedia de Once, con una pena de cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en el manejo de fondos públicos, que luego fue reducida a cuatro años. También fue condenado por la compra de trenes a España y Portugal en mal estado, en un proceso donde recibió ocho años de prisión, aunque la Cámara de Casación ordenó revisar esa pena.
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