Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca obliga a compañías y estaciones de servicio a notificar las subas con 72 horas de antelación. La iniciativa, que prevé fuertes sanciones por incumplimiento, tiene como contexto la adopción en YPF del “micropricing”: un sistema por el cual se aplican retoques casi cotidianos en los precios, por el cual en los surtidores de San Nicolás se acumuló una suba promedio de casi el 5% desde fines de julio pasado.
De la redacción de EL NORTE
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La Legislatura de la provincia de Buenos Aires tiene en su agenda un proyecto de ley que busca anticipar y transparentar los aumentos de combustibles. La iniciativa fue presentada por la diputada Ayelén Rasquetti (integrante del bloque de Fuerza Patria) y plantea que las compañías productoras y expendedoras de nafta y gasoil tengan la obligación de avisar con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los valores de sus productos. La propuesta se enmarca en una medida que la petrolera nacional YPF implementa desde fines de julio pasado: un sistema de “micropricing” que implica mínimos pero casi cotidianos retoques en los precios, que en el caso de San Nicolás acumuló en 8 semanas un aumento promedio del 4,8%.
Según Rasquetti, citada por el medio especializado surtidores.com.ar, “los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”.
De aprobarse, la norma impondrá un esquema de comunicación obligatorio: las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad provincial con 72 horas de antelación cualquier variación de precios, mientras que las estaciones de servicio estarán obligadas a difundir esas modificaciones con al menos 48 horas de anticipación mediante cartelería en la playa de expendio, surtidores y canales digitales oficiales.
Para garantizar el cumplimiento, se prevé un régimen de sanciones económicas. Las petroleras que incumplan con la nueva norma –en caso de ser aprobada y convertida efectivamente en Ley– podrán recibir multas equivalentes al precio de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper, además de la suspensión de la habilitación en casos de reincidencia. Las estaciones de servicio, por su parte, enfrentarían penalizaciones de entre 100 y 500 litros de nafta, junto con clausuras preventivas si repiten la falta.
Micropricing en San Nicolás
El pasado 29 de julio la petrolera estatal YPF puso en vigencia su actual modalidad de actualización de los precios de sus combustibles en los surtidores: el sistema de micropricing, que ese día había debutado en San Nicolás con una ligera baja en los valores. Desde entonces, las modificaciones en los tableros de las estaciones de servicio fueron casi cotidianas y, en general, siempre en alza. Así, al cabo de ocho semanas, los valores acumularon en los surtidores nicoleños de YPF subas de entre el 3,3% y el 5,5%.
Antes de la adopción del nuevo sistema, el litro de nafta Súper XXI costaba en los surtidores nicoleños $1392. Actualmente cuesta $1469. Desde su precio original hasta el actual, la suba acumulada en ese combustible es del 5,53%.
En el mismo periodo de tiempo y tras una idéntica cantidad de micro ajustes, el litro de nafta Infinia registró una suba del 5,5%: el precio inicial, previo a la dinámica del micropricing, era de $1599; y el actual es de $1687.
Las variaciones de precios también fueron constantes para las dos variables de gasoil que vende YPF: el Diésel 500 subió 4,69% en todo el periodo (costaba $1386 hacia fines de julio y ahora cuesta $1451) y el Diésel Infinia, un 3,32% (tenía un valor de $1534 y ahora vale $1585).
Al cabo del primer mes de implementación, las subas resultaron bastante más pronunciadas que las que venían registrándose anteriormente, con ajustes mensuales del orden del 2,5% en la mayoría de los casos.
“Triplicaron”
Durante la presentación de su iniciativa, la diputada bonaerense Rasquetti apuntó directamente contra las empresas del sector: “Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”.
En los fundamentos del proyecto se señala que la derogación a nivel nacional de la obligación de informar aumentos generó un vacío normativo que hoy afecta a los usuarios. La propuesta provincial busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, apoyándose en la Constitución Nacional y en normas como la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta de Hidrocarburos”.
El texto también recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en fallos como Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017), ratificó la titularidad provincial sobre los recursos naturales, mientras que en el caso Halabi (2009) reafirmó el carácter colectivo de los derechos vinculados al acceso a la información. Con esas referencias, los autores sostienen que la provincia tiene legitimidad para regular la transparencia en la formación de precios de los combustibles.
Rasquetti fue enfática en su exposición: “El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”.
