La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso fijado en la causa y desestimó los cuestionamientos de la expresidenta sobre el método de cálculo.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles que Cristina Fernández de Kirchner deberá devolver 684 mil millones de pesos en el marco de la causa Vialidad. Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificaron así lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había calculado el monto utilizando el índice de precios al consumidor (IPC).
La defensa de la expresidenta había objetado ese criterio y sostuvo que el decomiso debía fijarse en 42 mil millones de pesos, de acuerdo con un cálculo elaborado por sus propios técnicos sobre la base de la tasa pasiva promedio del Banco Central. Cristina Kirchner también señaló que la justicia civil y comercial federal debía llevar adelante el proceso.
Argumentos de Casación
Los magistrados desestimaron los planteos y sostuvieron que la actualización mediante el IPC es un método razonable para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la depreciación monetaria. Además, consideraron que las defensas no demostraron errores de interpretación normativa ni arbitrariedad en la resolución del tribunal oral.
El fallo remarcó que el decomiso es una consecuencia accesoria obligatoria de la condena penal, prevista tanto en el Código Penal como en las convenciones internacionales contra la corrupción. También declaró abstractos otros cuestionamientos, entre ellos una nulidad rechazada previamente y la oposición a la denegación del efecto suspensivo del recurso.
El planteo de Cristina Kirchner
En su presentación, la expresidenta cuestionó el cálculo efectuado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema. “Se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”, afirmó en el escrito.
Cristina Kirchner insistió en que no cuenta con bienes que puedan ser objeto de ejecución. “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”, sostuvo.
El abogado defensor Carlos Beraldi agregó que la utilización del IPC genera “valores artificialmente altos y contrarios a precedentes”. Recordó que en otras causas vinculadas, como Hotesur-Los Sauces, la Justicia aplicó la tasa pasiva del Banco Nación, lo que en este caso arrojaría cifras “100 veces menores”.
La defensa pidió que se suspenda la medida “hasta que haya sentencia firme sobre el monto”, al considerar que lo dispuesto representa un trato “desigual y arbitrario”.
