Los diputados buscan rechazar los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y Universidades.
Diputados de la oposición realizarán una sesión este miércoles, donde buscarán volver a dar un nuevo golpe al Gobierno de Javier Milei con el rechazo a los vetos de las leyes de Emergencia del hospital pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades.
La sesión fue convocada para las 13 por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, que aseguran tener los números para el quórum y para insistir con ambas leyes.
Tras la derrota del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la oposición se encuentra más afianzada y confiada en que podrá imponerse en este nuevo objetivo: rechazar los dos vetos presidenciales.
Los legisladores consideran que tienen los votos para insistir con la ley de financiamiento al Hospital Pediátrico Garrahan y la de Universidades, ambas sancionadas con una amplia mayoría. Además, la sesión especial coincidirá con una marcha al Congreso de organizaciones sociales y estudiantiles que respaldan estas normas, rechazadas por el Gobierno bajo el argumento de que afectan el equilibrio fiscal.
En primer lugar, se deberá habilitar con los dos tercios el tratamiento sobre tablas de las dos leyes, instancia que medirá si los opositores tienen margen suficiente para insistir con esas normas. En el caso de la emergencia pediátrica, la Cámara de Diputados la aprobó con 159 votos contra 67 y 4 abstenciones, lo que superó los dos tercios, según consignó Silvia Rajcher de Noticias Argentinas.
Los opositores creen que ese número crecerá, ya que estiman que los 4 abstencionistas podrían modificar su voto e inclinarse a favor, entre ellos los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila, alineados con el gobernador Ignacio Torres; los del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone; y la exlibertaria Marcela Pagano.
También podrían sumarse a favor de la ley los cuatro misioneros que responden al líder del Frente de la Concordia, Carlos Rovira, además de otros ausentes de Unión por la Patria y Democracia para Siempre.
La ley de Emergencia Pediátrica obliga al Gobierno a transferir recursos para financiar al Garrahan y dispone una recomposición salarial del personal de salud hasta alcanzar los valores de noviembre de 2023.
En cambio, la ley de recursos para Universidades se aprobó con 158 votos, 75 en contra y 5 abstenciones, quedando a un voto de los dos tercios. La oposición apunta a revertir esas abstenciones, con expectativas en los mismos legisladores: Ávila, Romero, Falcone, Zago y Pagano.
La norma establece que los salarios docentes y no docentes deberán recomponerse para compensar la inflación desde diciembre de 2023 y que, en forma progresiva, el financiamiento universitario alcance el 1,5 % del PBI.
De prosperar en Diputados, la insistencia quedará en manos del Senado, donde también se anticipa un escenario favorable para el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei.
Interpelaciones
Los bloques opositores buscan aprobar además la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; del ministro de Salud, Mario Lugones; y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por las denuncias de supuestas coimas vinculadas al pago de medicamentos para discapacidad, difundidas en audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.
Para avanzar se requieren dos tercios de la Cámara, ya que las iniciativas no pasaron por la comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por el libertario Nicolás Mayoraz—, por lo que en caso de no lograr esa mayoría buscarán emplazar al organismo.
DNU
En el temario también figura el debate sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La oposición impulsa un proyecto que modifica la ley 26.122, sancionada en 2006, para que un DNU quede derogado si en 90 días no se trata o si lo rechaza una sola cámara.
Los diputados opositores buscan además derogar el DNU 62/2025, que limitó la ley de identidad de género al impedir operaciones a menores trans; el 61/2025 sobre el estatuto de la Policía Federal; y los decretos 445/2025 y 396/2025 sobre la Agencia Nacional de Materiales Controlados y el INA, respectivamente.
