La fiscal Fabiana León y la UIF se opusieron al pedido de casi 50 imputados que ofrecieron sumas millonarias. El juicio está previsto para comenzar el 6 de noviembre.
El Tribunal Oral Federal 7 evaluó hoy los pedidos de casi 50 imputados en la causa Cuadernos, quienes ofrecieron un acuerdo económico para evitar ir a juicio. La fiscal general Fabiana León rechazó la propuesta y señaló: “Esta fiscalía no vende impunidad, señores jueces”.
La audiencia virtual se realizó a pedido de León ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. La fiscal pidió rechazar el ofrecimiento de cientos de millones realizado por empresarios, entre ellos Juan Abal Medina, que ofreció 60 millones de pesos. Algunos ofrecimientos superaron los 800 millones de pesos.
La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el proceso, también rechazó el planteo de los defensores. En la misma línea se expresó Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, cuyas anotaciones dieron origen a la causa. Ahora, el tribunal deberá resolver el pedido.
El juicio está previsto para iniciar el 6 de noviembre y podría extenderse entre 10 y 20 años, según trascendió. La causa tiene 174 procesados, 30 de ellos arrepentidos, con 26 calificaciones legales y más de 540 hechos investigados. Entre los acusados se encuentra Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita.
Las defensas de los empresarios sostienen que un juicio con esa magnitud, con más de 600 testigos y audiencias semanales, se prolongaría durante años, incluyendo apelaciones y revisión en la Corte Suprema. Por eso, plantearon la posibilidad de la reparación del daño, prevista en el Código Penal, que extingue la acción penal sin necesidad de admitir culpabilidad.
Entre los empresarios que hicieron ofrecimientos figuran Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Enrique Pescarmona, Rubén Valente, Juan Carlos De Goycochea, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero y Sergio Taselli. Según trascendió, Taselli ofreció 10 mil dólares, Pescarmona 500 millones de pesos y el financista Ernesto Clarens un barco y un departamento en Estados Unidos valuados en 1,5 millones de dólares.
La investigación se originó en los cuadernos escritos por Centeno, que registraban supuestos viajes para retirar sobornos pagados por empresarios a funcionarios del Ministerio de Planificación. En la instrucción se determinó que 16 personas participaron en operaciones por 70 millones de dólares mediante empresas offshore, con la compra de bienes inmuebles en Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Miami y el Caribe.
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