“Equipos terapéuticos, acompañantes y familias nos unimos para decir basta y proclamar nuestros derechos que no se negocian ni deben ser vulnerados. Decimos no al veto del Presidente, los senadores deben apoyar la normativa”, manifestaron a EL NORTE. Dos fallos judiciales recientes cuestionan la constitucionalidad del veto presidencial, aún antes de que fuera rechazado por el Congreso.
De la Redacción de EL NORTE
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Los prestadores de servicios sobre discapacidad paran hoy en todo el país a la espera de la sesión del Senado desde las 11:00 que rechazaría con al menos dos tercios, el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, cosa que ya sucedió en Diputados. En este caso, la norma entraría en vigencia de forma automática sin necesidad de promulgación del Poder Ejecutivo. Las organizaciones y profesionales de San Nicolás vinculados a la problemática adhieren a la huelga de la presente jornada. “Equipos terapéuticos, acompañantes y familias nos unimos para decir basta y proclamar nuestros derechos que no se negocian ni deben ser vulnerados. Decimos no al veto del Presidente, los senadores deben apoyar la normativa”, manifestaron los prestadores locales a EL NORTE.
Si hay asistencia perfecta, en el Senado significan 48 votos. Cuando la Emergencia de discapacidad se sancionó reunió 55 voluntades a favor, siete más. Hubo aportes de todas las bancadas, a excepción del oficialismo. La oposición pediría a Milei aplicar rápidamente la normativa una vez que el veto sea eliminado: una decisión que el Congreso no toma desde hace más de dos décadas. Desde la Casa Rosada hicieron saber que estaban dispuestos a judicializar el veto, aunque se aguarda la evolución legislativa para determinar los próximos pasos.
Los prestadores convocan a manifestarse en las inmediaciones del Congreso.
Puntos de la normativa
La ley que tendría vigencia hasta 2026, incluye una revisión de las pensiones y la creación de otras nuevas para protección social, con un haber equivalente al 70% de la jubilación más baja. Sólo se cortaría el beneficio a quienes perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. Además, se suma un aporte similar a personas con estas condiciones mayores de 70 años.
El capítulo que concentra el respaldo de casi todo el recinto es la actualización de las prestaciones, que están congeladas desde el año pasado. La ley las indexa por el índice de movilidad jubilatoria, que contempla la inflación. Se suma una compensación con retroactividad a noviembre de 2023, en función de la evolución de precios que hubo desde esa fecha.
Además de los pagos que realiza el Estado (a través de Incluir Salud), la norma involucra a las prestaciones de las obras sociales y prepagas, que siguen los valores de la ANDIS. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que implica un 0,03% del PBI el costo fiscal.
Fallos recientes
Dos fallos judiciales recientes cuestionan la constitucionalidad del veto presidencial, aún antes de que fuera rechazado por el Congreso. El primero fue del juzgado federal de Campana, que lo consideró inválido. Recordó a Milei que la Constitución le obliga a cumplir la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. “Una política pública no puede ser excusa para incumplir esa obligación”, señaló el magistrado.
La sala V de la Cámara contencioso administrativo federal, en tanto, revocó una decisión de un juzgado de primera instancia y habilitó un reclamo para aumentar las prestaciones por discapacidad, por considerar que los nomencladores están perdiendo con la inflación. También en este caso se toma la convención como marco jurídico.
