El país formalizó el reclamo en el juicio por la expropiación de YPF, cuestionando el requerimiento de recolectar mensajes y comunicaciones personales de actuales y ex funcionarios públicos.
Argentina le solicitó a la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, que reconsidere el fallo que obliga al país a recolectar mensajes y comunicaciones almacenados en dispositivos móviles de funcionarios y ex funcionarios vinculados a YPF. La presentación se enmarca en el proceso de “discovery” en la causa por la expropiación de la petrolera.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación detallaron que se presentaron dos mociones. “La primera moción de reconsideración se produce sobre el requerimiento a la República Argentina de recolectar y producir comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”, explicaron. La argumentación sostiene que el tribunal pasó por alto que, bajo el derecho estadounidense, solo se pueden exigir documentos en “posesión, custodia o control” del requerido, condición que el país no cumple sobre cuentas personales de sus funcionarios.
El escrito también resalta que, según el derecho argentino, esos elementos son propiedad inviolable de sus titulares y ni siquiera el gobierno tiene acceso a ellos. “La segunda moción solicita reconsideración sobre los pedidos de discovery sobre activos de la República Argentina que no son susceptibles de ejecución. Se solicita que se reconsidere la orden de la jueza por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, indicando que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio”, agregaron desde la PTN.
A fines de julio, Preska había ordenado al Estado argentino entregar un conjunto amplio de información sobre funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el ex titular de Hacienda Sergio Massa. El requerimiento incluye mensajes personales, correos oficiales y privados, y contenidos de aplicaciones como WhatsApp, además de información del Banco Central.
El proceso se enmarca en el litigio por la expropiación de YPF, dispuesta en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. En esa causa, Preska condenó hace dos años al Estado a pagar unos USD 18.000 millones con intereses. Burford Capital, principal beneficiario del fallo, busca información sobre compañías argentinas susceptibles de embargo.
En paralelo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito resolvió a mediados de agosto que Argentina podrá esperar el resultado de la apelación sobre la entrega de acciones de YPF sin desprenderse de los títulos ni ofrecer garantías adicionales. “Las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte analiza la apelación”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. “De este modo, la Argentina puede apelar la entrega de los títulos sin tener que comprometer activos como garantía”, agregó.
El Ministerio de Economía celebró de inmediato la decisión y destacó la participación del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae” en apoyo a la Argentina. A su vez, la Procuración del Tesoro subrayó la importancia de la resolución firmada por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal: “Esta decisión garantiza que la República Argentina mantenga la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras se desarrolla la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.
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