El cuerpo de Melina fue hallado casi un mes después, el 23 de septiembre de 2014, en el margen del río Reconquista.
Melina Romero desapareció el 24 de agosto de 2014 después de salir de un boliche en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde había ido a celebrar sus 17 años. Sus padres denunciaron la desaparición cuando notaron que no regresaba a casa y, desde entonces, comenzó una intensa búsqueda que mantuvo en vilo al país.
El cuerpo de Melina fue hallado casi un mes después, el 23 de septiembre de 2014, en el margen del río Reconquista, cerca del predio de la CEAMSE en José León Suárez. El cadáver estaba dentro de una bolsa de residuos, lo que evidenció una muerte violenta, además, la autopsia determinó que la joven murió por asfixia, y también se encontraron signos de golpes previos.
Durante la investigación, la Justicia detuvo a varios sospechosos Joel “Chavito” Fernández, de 20 años; Elías “Narigón” Fernández, de 22; Javier “Pelado” Rodríguez, de 44; y un adolescente de 16 años apodado “Toto”. Todos fueron señalados por una testigo clave, identificada como “M.”, quien declaró que Melina fue llevada contra su voluntad a una casa donde fue drogada, abusada y finalmente asesinada, según el relato, los acusados arrojaron el cuerpo al arroyo.
La causa judicial avanzó con serias contradicciones y la testigo “M.” luego fue acusada por falso testimonio, ya que no pudo sostener ni probar sus afirmaciones. Aún así, el proceso judicial continuó contra Joel “Chavito” Fernández, único acusado que llegó a juicio oral.
En noviembre de 2017, un jurado popular lo declaró culpable de homicidio preterintencional y privación ilegal de la libertad agravada, luego en diciembre de ese mismo año, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de San Martín lo condenó a 13 años de prisión.
A pesar de la condena, tanto la familia de Melina como sus abogados sostienen que Fernández no actuó solo, se considera que otros involucrados quedaron impunes y reclaman que la causa se reactive.
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal María Fernanda Billone, decidió desistir de la acusación contra los otros tres imputados por falta de pruebas sólidas, por lo que, todos quedaron en libertad, incluido el menor apodado “Toto”.
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