El Concejo Deliberante de Ramallo debatirá un proyecto de Unión por la Patria que busca que los conductores alcoholizados que provoquen siniestros viales asuman los costos médicos de la atención recibida.
Este jueves, el Concejo Deliberante de Ramallo abordará en sesión una iniciativa que busca establecer un nuevo marco de responsabilidad económica para quienes conduzcan alcoholizados y provoquen siniestros viales. Se trata de una iniciativa del bloque de Unión por la Patria, que ya lleva mas de dos meses en comisiones.
El proyecto plantea que las personas que circulen con más de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre, según lo establecido por la Ordenanza Municipal de Alcohol Cero y el Código de Faltas y Convivencia, y resulten autores o partícipes de un accidente de tránsito, deberán asumir los costos de la atención médica recibida.
La medida incluye el pago por traslados en ambulancia, estudios, internaciones, medicamentos y cualquier otro gasto sanitario derivado del hecho. En caso de que el infractor posea obra social o medicina prepaga, se prevé que el municipio facture directamente a la cobertura correspondiente. Asimismo, el proyecto habilita al Estado local a iniciar gestiones administrativas o acciones judiciales para recuperar los montos.
El fundamento central de la propuesta radica en la creciente preocupación por los accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol y en el impacto económico que estos generan en el sistema de salud municipal, al destinar recursos a situaciones consideradas evitables.
La experiencia en otros municipios refuerza la iniciativa. Localidades como San Isidro, Morón y Rosario ya aplican normativas similares, en las que los conductores alcoholizados involucrados en accidentes deben afrontar parte o la totalidad de los costos médicos. En esos distritos, las autoridades sostienen que la medida no solo permitió recuperar gastos sanitarios, sino que también actuó como un factor disuasivo, contribuyendo a reducir los casos de alcoholemia positiva en controles de tránsito.
Pero la propuesta no cuenta con el respaldo de la mayoría, algunos ediles plantearon una serie de observaciones, y sostienen que se trata de una medida “difícil de aplicar en la práctica” y que podría generar problemas en la atención inmediata de las víctimas. “Nadie puede dejar de ser atendido en una guardia por no tener cómo pagar. El riesgo es que la norma quede como un gesto simbólico, sin resultados concretos”, expresaron.
Entre los planteos, hay algunos que afirman que la iniciativa puede chocar con el principio de acceso universal a la salud y derivar en un doble castigo: la sanción judicial por manejar alcoholizado y la obligación económica de costear el tratamiento.
De aprobarse en Ramallo, el proyecto se sumará a la normativa de Alcohol Cero vigente y consolidará un esquema más riguroso de sanciones y responsabilidades para desalentar la conducción bajo efectos del alcohol.
