ATE logró que la Justicia le exija explicaciones al Gobierno por irregularidades en la sanción de la Ley Bases

ATE denuncia que la Ley Bases fue aprobada con vicios legislativos de suma irregularidad, y mediante una acción judicial exige su nulidad.

ATE

La Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (ATE Capital) presentó una acción judicial colectiva. La misma se propone frenar los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público. El gremio cuestionó la legalidad del proceso legislativo.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dio lugar a la presentación y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, en un plazo de cinco días, explique las condiciones en que se sancionó la Ley 27.742. ATE Capital denunció que hubo corrupción en el trámite parlamentario.

Desde el gremio aseguraron que “existen serias sospechas sobre la legalidad del trámite legislativo”, en especial por el voto clave del exsenador Edgardo Kueider. El dirigente fue detenido con dólares no declarados y enfrenta causas penales por presunto cohecho.

ATE Capital exige declarar la nulidad de la ley

El voto de Kueider permitió el empate que fue resuelto por la vicepresidenta Victoria Villarruel. ATE Capital sostiene que ese voto “fue resultado de hechos de corrupción de público conocimiento”. Y afirmaron que la ley debe ser “nula de nulidad absoluta”.

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El juez Diego Martín Cormick validó la legitimidad de la acción impulsada por ATE Capital. En el fallo, reconoció que los hechos denunciados “presentan verosimilitud en el derecho invocado” y afirmó que “existe un vicio en la formación y sanción de la Ley 27.742”.

El sindicato apunta al impacto sobre el empleo público

Desde ATE Capital calificaron la norma como “una ley sancionada en condiciones espurias”. Asimismo, en un comunicado, señalaron: “No se trata solo de una reforma regresiva para el empleo público: es una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento”.

El gremio pidió al Poder Judicial que actúe con celeridad. “Debe garantizar el Estado de derecho y proteger los derechos de los trabajadores frente a una ley ilegítima”, expresaron.

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