Ningún país ni empresa puede apropiarse de la Luna. Así lo establecen tratados internacionales que promueven su uso pacífico y equitativo en beneficio de toda la humanidad.

Hace más de medio siglo, el 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11 despegó con destino a la Luna. Cuatro días después, los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin caminaron por primera vez sobre la superficie del satélite. Recogieron muestras, realizaron experimentos y plantaron la bandera de EE.UU. en suelo lunar.
Sin embargo, esto no implicó la adquisición de derechos sobre la Luna por parte de Washington. Según el derecho espacial internacional, ni Estados, empresas ni personas pueden apropiarse de la Luna bajo ningún concepto.
El espacio no se puede reclamar
En 1967, dos años antes de la llegada del Apolo 11, entró en vigor el Tratado sobre el espacio ultraterrestre, ratificado por Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y más de 100 países. Este acuerdo establece que “el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”.
Además, indica que toda exploración debe realizarse “en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico”. El tratado también garantiza igualdad de acceso para la investigación y el uso del espacio conforme al derecho internacional.
La Luna es patrimonio común de la humanidad
En 1979, la Asamblea General de la ONU aprobó otro acuerdo específico para regular las actividades en la Luna y otros cuerpos celestes. Este documento refuerza los principios del tratado anterior, aunque fue firmado por menos países.
El acuerdo afirma que la Luna “no puede ser objeto de apropiación nacional” de ningún modo y que “sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad”. También aclara que “ningún Estado, organización ni persona física puede apoderarse de la superficie o la subsuperficie lunar, ni de ninguna de sus partes o recursos”.
El despliegue de instalaciones, vehículos o personal en el satélite no genera derechos de propiedad sobre ninguna zona. No obstante, los Estados sí pueden “explorar y utilizar la Luna sin discriminación de ninguna clase, sobre una base de igualdad”, siempre que cumplan las normas internacionales.
Bases lunares en el horizonte
Actualmente, países como EE.UU., Rusia, China, Japón, India y los miembros de la Unión Europea están desarrollando proyectos para construir bases lunares. Por su parte, SpaceX, la empresa de Elon Musk, impulsa la idea de instalar una base permanente en la Luna como parte de su plan para facilitar viajes tripulados a Marte.
Si estas iniciativas respetan los principios de los tratados espaciales vigentes, el avance tecnológico podría beneficiar a toda la humanidad, tal como lo establece el marco legal internacional.

