Los peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizaron el monto de los embargos que alcanzan a todos los condenados en el expediente.
Los peritos de la Corte Suprema determinaron que los nueve condenados por el caso Vialidad deberán devolver al Estado más de $684.000 millones. Entre ellos se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner. La cifra equivale a unos $537 millones de dólares al tipo de cambio de este viernes. El monto surge de la actualización del perjuicio estimado en diciembre de 2022.
El Tribunal Oral Federal 2 había fijado originalmente la base del daño en $85.000 millones. Ese número fue clave para definir la gravedad de los hechos y ordenar el decomiso. A pedido del juez Jorge Gorini, el Cuerpo de Peritos Contables realizó la actualización. El resultado fue informado oficialmente al TOF 2.
El informe técnico se elaboró bajo normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Se usó el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el INDEC. El cálculo comparó los valores de noviembre de 2022 y mayo de 2025. Así, se estableció el nuevo monto total de $684.990.350.139,86.
La sentencia que condenó a Cristina Kirchner indicó que encabezó una estructura de corrupción desde el Estado. Según el fallo, priorizó intereses privados sobre el resguardo de los bienes públicos. La maniobra causó un perjuicio millonario a la sociedad. El caso investigó licitaciones viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Lázaro Báez recibió el 86% de las obras financiadas por el Estado nacional en ese período. Su grupo empresario cobró sobreprecios del 64% en promedio. Además, muchas rutas quedaron inconclusas pese a haberse pagado los contratos. Los jueces destacaron el daño intangible y financiero generado por el esquema.
El decomiso alcanzará bienes de todos los condenados si no se paga el monto dentro del plazo fijado. La Justicia intimará a los responsables para que depositen el dinero en diez días. Si no lo hacen, se avanzará con la ejecución de bienes. Para ello, se actualizarán los embargos existentes.
La fiscalía solicitó mantener el embargo sobre fondos que Cristina Kirchner transfirió a su hija Florencia. Entre ellos, más de U$S 4,6 millones distribuidos en una caja de seguridad y cuentas bancarias. También se pidió revisar el valor de sus empresas Los Sauces SA y Hotesur SA. Ambas serán juzgadas próximamente por lavado de dinero.
El informe fiscal enumera 25 propiedades que Cristina cedió a sus hijos en 2016. Además, incluye los bienes de Lázaro Báez, como más de 130 inmuebles. También las acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla y otras firmas. Estas empresas fueron utilizadas para la maniobra defraudatoria investigada.
El dinero decomisado será incorporado al presupuesto del Poder Judicial. También puede destinarse a otros organismos estatales según la ley. En el caso de bienes inmuebles, está previsto que puedan ser rematados. Todo el procedimiento se encuentra bajo control del TOF 2 y del fiscal Diego Luciani.
