La secretaria del gremio STVyARA responsabilizó a Milei y Sturzenegger y denunció un desmantelamiento del Estado con fines de negocio.
Luego del decreto que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA), Graciela Aleñá, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger. Los acusó de impulsar una medida que, según dijo, “dejará a 5.500 trabajadores en la calle y pondrá en riesgo la vida en las rutas argentinas”.
Duras críticas por el impacto en la seguridad vial
“La disolución de Vialidad es una decisión ideológica. Nos vamos a morir todos en las rutas”, alertó Aleñá. Según explicó, el organismo era clave en tareas de bacheo, repavimentación, mantenimiento invernal, señalización y control de peso. Ahora, esas funciones pasarán al Ministerio de Economía y a una nueva agencia de control.
La dirigente gremial sostuvo que el decreto “miente” sobre las funciones reales de Vialidad y acusó al Gobierno de buscar “hacer negocios” con los recursos públicos. “El Impuesto a los Combustibles fue desviado a fines que no fueron las rutas. Los bienes como edificios y maquinarias pasarán a liquidarse por el AABE. Para eso sí funcionan: para negociar con el patrimonio de los argentinos”, lanzó.
Denuncia por despidos, privatización y pérdida de soberanía
Aleñá advirtió que más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales quedarán “a la deriva” y que el nuevo esquema “abre la puerta a una mayor tercerización y privatización”. Rechazó que el organismo fuera ineficiente y responsabilizó al desfinanciamiento deliberado del Gobierno como causa de los problemas operativos.
“La nueva agencia queda subordinada a una lógica fiscalista. Se pierde el carácter técnico y federal de la planificación. Además, se elude el control del Congreso y se suprimen derechos laborales”, remarcó. También cuestionó que el traspaso al Ministerio de Economía aleje las decisiones de los territorios y favorezca una “visión centralizada y mercantil”.
La sindicalista negó que el sector privado sea más eficiente y defendió el rol estratégico del Estado en el desarrollo vial. “Vialidad cumplía funciones de auditoría y certificación de obras. Su desaparición compromete la transparencia y el control”, afirmó.
Llamado a gobernadores y fuerzas políticas
Por último, Aleñá hizo un llamado a los gobernadores y a los bloques legislativos para que rechacen el decreto. “Esto no es una reorganización administrativa. Es desmantelar una política pública de conectividad, seguridad vial y desarrollo territorial. Sin Vialidad, se impone la lógica del mercado”, concluyó.
