Fondos con fallo favorable por más de US$1500 millones buscan cobrar mediante activos ligados al escándalo de la criptomoneda.
El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial. Cuatro fondos acreedores de la deuda soberana argentina se presentaron ante la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, para solicitar acceso al expediente de la demanda colectiva contra Hayden Mark Davis y otros protagonistas del colapso de la criptomoneda. El objetivo es acceder a los fondos embargados en ese proceso.
Los fondos, que integran la demanda conocida como “Palladian Partners LLP” contra el Estado argentino en Londres, ganaron un juicio por más de US$1500 millones. Sin embargo, no han podido cobrar y buscan hacerlo por diferentes vías. Esta semana, representados por el abogado David Orta, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, solicitaron presenciar una audiencia en la que Davis y su defensor participaron en Nueva York.
Orta señaló que los activos bajo embargo en el caso $LIBRA podrían ser ejecutables para los acreedores, dado que Davis declaró públicamente tener el control sobre US$100 millones que pertenecían “a la Argentina”. Así lo afirmó tras el fallido lanzamiento de la criptomoneda. En ese contexto, Davis se presentó como “custodio” de esos fondos y aseguró que no se sentía cómodo transfiriéndolos ni a los asociados del presidente Javier Milei ni al equipo de KIP Protocol.
La Corte Suprema del Reino Unido ya rechazó la apelación del Estado argentino en octubre pasado y dejó firme el fallo que beneficia a los fondos Palladian Partners, HNK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emeral International. Estos controlan el 48% de los títulos soberanos vinculados al PBI que la Argentina emitió entre 2005 y 2010. La demanda original surgió tras la modificación del cálculo del PBI en 2014 por parte de Axel Kicillof, durante el gobierno de Cristina Kirchner, lo que redujo el rendimiento real de esos títulos.
El escándalo del caso $LIBRA se amplía con otras instancias judiciales abiertas. Incluye una denuncia en España, una causa penal en Comodoro Py, una comisión investigadora que no logra constituirse en el Congreso, y una pesquisa en curso en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con información de Hugo Alconada Mon de “La Nación”..
