“Es una medida necesaria ante la falta de respuestas concretas por parte del Estado. Nos encontramos a la espera del tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, prevista para el miércoles 4, que busca garantizar condiciones dignas de atención y el respeto de derechos fundamentales de las personas con discapacidad, los cuales hoy se ven seriamente vulnerados”, expresaron desde el sector de nuestra ciudad.
De la Redacción de EL NORTE
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La comunidad vinculada a la discapacidad en Argentina alzó su voz el jueves pasado en un paro nacional –que se desarrolló en varias ciudades como San Nicolás durante toda la semana– y movilizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de los trabajadores y trabajadoras del sector. El punto principal de la protesta fue la puerta del Congreso de la Nación, donde se congregaron desde las once de la mañana para presionar por el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Congreso Nacional tenía previsto tratar esta semana el proyecto de ley que declara la emergencia, pero la sesión fue postergada para el miércoles 4 de junio. La iniciativa propone actualizar los presupuestos destinados a prestadores de servicios, como acompañantes terapéuticos, hogares y transportistas, quienes denuncian una fuerte pérdida de ingresos frente a la inflación. En este marco, el Comité local autoconvocado de Emergencia en Discapacidad, que incluye a los equipos de la ciudad, anunció la decisión de continuar con la huelga durante lunes, martes y miércoles de esta semana.
En un comunicado dirigido a las familias y la comunidad, el grupo nicoleño expresó: “Los equipos de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, que conformamos el Comité de Emergencia en Discapacidad, queremos comunicarles que –con mucha preocupación pero también con la responsabilidad que la situación requiere– hemos decidido continuar con el cese de actividades durante los días lunes, martes y miércoles. Esta decisión no es fácil y lamentamos profundamente los inconvenientes que pueda generar, pero consideramos que es una medida necesaria ante la falta de respuestas concretas por parte del Estado. Nos encontramos a la espera del tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, prevista para el miércoles 4, que busca garantizar condiciones dignas de atención y el respeto de derechos fundamentales de las personas con discapacidad, los cuales hoy se ven seriamente vulnerados. Queremos dejar en claro que esto no es un paro, sino un límite, un llamado urgente de todos los que trabajamos en discapacidad para que se escuchen nuestras voces y se atienda una realidad que ya no puede seguir siendo postergada. El miércoles podrían realizarse movilizaciones, sobre las cuales les informaremos en cuanto haya definiciones. Agradecemos profundamente su comprensión, apoyo y acompañamiento en este momento tan crítico para el sector”.
Acciones
En San Nicolás, distintas organizaciones y profesionales promovieron actividades la semana pasada, con epicentro en la Plaza Mitre. Una manifestación y movilización se desarrolló el miércoles, y otras acciones de visibilización el jueves.
“Los aranceles se encuentran congelados, los pagos con demoras de hasta 6 meses, estamos precarizados, el Estado ausente. Los derechos de las personas con discapacidad están en riesgo”, marcan e informan que no se reciben actualizaciones de nomenclador desde octubre de 2024, que hay tratamientos que aún no se encuentran aprobados o que fueron admitidos con menor cantidad de sesiones que las solicitadas, que no se han pagado honorarios desde enero pasado y que se han recortado las pensiones no contributivas.
Proyecto de ley de Emergencia
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsado por el diputado nacional Daniel Arroyo, se debatirá este jueves en la Cámara de Diputados. Su objetivo es declarar la Emergencia Nacional ante el recorte de más de 200.000 pensiones no contributivas y el desfinanciamiento del sector.
La iniciativa busca establecer un presupuesto que permita actualizar las retribuciones para prestadores (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) y la remuneración de los trabajadores con discapacidad empleados en talleres protegidos, quienes actualmente cobran 28.000 pesos mensuales, un monto inalterado desde febrero de 2023.
Además, la iniciativa exige mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, un punto crítico considerando que en los últimos 14 meses solo se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes presentadas. Las familias y los niños, niñas y adolescentes con discapacidad se encuentran afectados por esta crisis.
En caso de que el proyecto obtenga media sanción, avanzará hacia el Senado.
