La Cámara de Apelaciones continúa sin resolver el recurso presentado por los tres acusados en la causa por millonario fraude financiero. Walter Gulías, Héctor Páez y la contadora Paula D´Adamo, todos imputados por administración fraudulenta y estafas, a través de sus defensores habían cuestionado la decisión de la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui que ordenaba su enjuiciamiento.
De la redacción de EL NORTE
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La investigación por múltiples maniobras financieras engañosas que involucra a la contadora Paula D´Adamo, a Walter Gulías y a Héctor Páez, todos bajo la imputación de administración fraudulenta y estafas, se inició en 2019 y aún continúa sin definiciones. La causa se instruyó en la Fiscalía N° 14, a cargo del fiscal Patricio Múgica Díaz, quien pidió a fines de diciembre pasado sentar en el banquillo a los acusados. El enjuiciamiento de los procesados fue ordenado en marzo por la titular del Juzgado de Garantías N° 3, magistrada María Eugenia Maiztegui, y apelado por la defensa integrada por los abogados Marchetti y Cabrera respecto de Gulías, Bernárdez por Páez y Capurro por D´Adamo. Cientos de ahorristas aguardan ahora que la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso y habilite el juicio oral y público que lleve a los tres imputados ante los estrados judiciales.
Los tres acusados se encuentran con prisión domiciliaria otorgada en diferentes momentos por razones de salud, luego de haber permanecido varios meses alojados en la Unidad Penal N° 3 en el caso de Gulías y de D´Adamo y en una unidad de Lomas de Zamora en el caso de Páez.
Los hechos investigados comenzaron a gestarse en el año 2013 cuando los procesados abrieron la financiera “Casa de Cambios San Nicolás”. En la misma, además del cambio de diversas monedas, se ofrecían inversiones en dólares y en pesos a tasas de muy alta rentabilidad. La oferta de inversión era muy tentadora y cientos de personas depositaron su plata. En principio, el funcionamiento era normal, pero en 2019 comenzó la pesadilla para los ahorristas que ya no lograban recuperar su dinero.
La operatoria
Los primeros incumplimientos empezaron a producirse en 2019 cuando ya no retornaban a los inversores los intereses ni el capital invertido. Los damnificados, más de cien, sumaron sus denuncias. Tras las presentaciones y las primeras medidas de investigación, la Justicia trabó embargos millonarios para intentar salvaguardar el dinero de los damnificados.
En pleno curso de la instrucción se realizaron once allanamientos donde secuestraron dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, documentaciones, equipos informáticos, celulares, notebook, CPU, entre otros elementos. También se trabaron embargos millonarios sobre propiedades inmobiliarias, autos de alta gama y embarcaciones para preservar los capitales de los inversores. Es así que en octubre de 2022 la Justicia realizó embargos preventivos que habían sido pedidos por la Fiscalía y que alcanzaron una cifra que en ese momento rondaría los 150 millones de pesos. La cautelar recayó en diversas propiedades, entre ellas departamentos, casas y cocheras, además de costosos automóviles de alta gama y embarcaciones. El monto por el que fue trabada la medida precautoria y que es apenas una parte de la cifra que alcanzaría la defraudación fue de casi 600.000 dólares y 10 millones de pesos.
Los ahorristas aguardan ahora que la Cámara decida llevar los hechos al estrado penal para que resuelva el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados en la maniobra que los defraudó económicamente.
