El Ministerio de Seguridad busca prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños.
El Ministerio de Seguridad aprobó un protocolo para detectar posibles casos de trata de personas en buques pesqueros extranjeros. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 633/2025, firmada por Patricia Bullrich. El texto advierte que estas embarcaciones suelen contar con tripulaciones en condiciones de vulnerabilidad. Por eso, apunta a prevenir y sancionar delitos como la trata laboral y la explotación de mujeres y niños.
La resolución señala que la trata constituye una grave violación a los derechos humanos. Según el Ministerio, este delito “ataca los valores y principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional”. Además, implica “la cosificación y sometimiento del ser humano”, afectando su libertad y dignidad. El documento destaca que se trata de una de las expresiones más avanzadas de violencia estructural.
Las autoridades explicaron que los buques extranjeros que operan cerca de la Zona Económica Exclusiva presentan altos riesgos. Sus tripulaciones pueden haber sido reclutadas con ofertas engañosas por agencias de otros países. También influyen factores socioeconómicos que dificultan su protección. En muchos casos, estas personas no tienen acceso a ayuda ni posibilidades de contacto con tierra firme.
El protocolo contempla que el trabajo se realiza en altamar, con escaso control jurisdiccional y por largos periodos. A esto se suman las barreras idiomáticas y el aislamiento casi total de los tripulantes. Estas condiciones aumentan las posibilidades de que se produzcan delitos como la trata con fines de explotación laboral. Por ello, el Gobierno consideró urgente la implementación del protocolo y su guía de preguntas exploratorias.
Prefectura Naval Argentina será la encargada de aplicar este protocolo en los ámbitos bajo jurisdicción nacional. Los efectivos deberán implementarlo cada vez que entren en contacto con tripulaciones extranjeras. La medida busca detectar indicadores de explotación antes de que los delitos se consoliden. De esta forma, se busca reforzar la presencia del Estado en zonas de difícil fiscalización.
