Asociaciones nicoleñas acompañan el pedido de declaración de emergencia en discapacidad, que podría tratarse en Diputados el 4 de junio y anunciaron movilizaciones para la próxima semana. En tanto, comenzaron a llegar citaciones para revalidar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), mientras que las familias alertan por la falta de respuestas y el recorte en prestaciones.
Con dictamen de mayoría aprobado y el respaldo de distintos bloques, el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país se encamina a ser tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, prevista para el 4 de junio. La iniciativa, impulsada por el legislador Daniel Arroyo (Unión por la Patria), busca garantizar derechos fundamentales para las personas con discapacidad en un contexto de crisis: salud, educación, rehabilitación, inclusión social, trabajo y protección económica hasta el 31 de diciembre de 2027.
Desde San Nicolás, voces del colectivo de personas con discapacidad reclaman que se avance con urgencia en esta legislación. Melina Berón, presidenta de Discapacitados en Lucha e integrante del Observatorio en Discapacidad, advirtió que la situación en la ciudad refleja con crudeza lo que ocurre a nivel nacional. “La ley que estamos esperando que sea promulgada lo más pronto posible”, explicó, “no es más que una forma de cuidar y resguardar entendiendo la situación socioeconómica que atraviesa el país”.
En diálogo con EL NORTE, Berón sostuvo que la falta de políticas públicas sostenidas ha empujado a muchas familias a una situación desesperante, donde ni siquiera se garantizan las prestaciones básicas. “Los profesionales de salud han acortado las horas de esas prestaciones porque no están recibiendo un arancel acorde a un salario digno”, detalló, y agregó que la falta de pagos en tiempo y forma a terapistas, psicopedagogos y psicólogos, entre otros, afecta directamente la calidad de vida de quienes necesitan esos servicios.
Además de los problemas económicos, en San Nicolás la falta de datos y de institucionalidad agrava la situación. Según Berón, “no hay estadísticas […] y tampoco se hizo un censo en el último tiempo”, lo que impide dimensionar con precisión cuántas personas necesitan atención urgente. A esto se suma la reciente preocupación por las citaciones que están recibiendo algunas personas para revalidar sus certificados de discapacidad en centros privados, algo que, remarcó, “no se está haciendo en los centros de salud públicos locales, pese a que podrían contar con ello”.
El proyecto en discusión fue presentado por Arroyo y ya cuenta con el aval de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. Se estructura en tres ejes: la situación crítica de las prestaciones, el acceso a pensiones y un enfoque que también busca abordar el maltrato y la discriminación. “La situación crítica viene desde hace tiempo, pero objetivamente ha empeorado porque no hubo ningún aumento para las prestaciones que se dan”, sostuvo el diputado, y aclaró que se incorporaron mejoras propuestas por varios bloques.
En este marco, Berón también señaló que “la ley busca estar acorde a lo que es la inflación”, y aunque reconoció que la medida es limitada – “básicamente es un parche, no es algo que va a perdurar…”-, la considera imprescindible en el corto plazo. En su visión, “es muy importante porque reconoce a las personas con discapacidad, incluye y reconoce también lo que es la Convención de Personas con Discapacidad”, algo que, afirma, hoy no se está garantizando por parte del gobierno nacional ni de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Desde Discapacitados en Lucha, organización que comenzó como espacio de articulación entre familias y profesionales y que ahora se encuentra en proceso de convertirse en asociación civil, siguen empujando para visibilizar las urgencias del colectivo. “Hace cuatro años que venimos cooperando, dando difusión a los grupos de padres, acompañando, visibilizando”, explicó Berón.
Frente a la falta de respuestas estatales, la ley se presenta como una herramienta para frenar el deterioro. “La manera de garantizar este apoyo económico es a través de esta ley”, afirmó Berón. A la espera de la próxima sesión legislativa, la expectativa crece entre quienes ven en esta norma la posibilidad de empezar a revertir una situación que ya no admite más dilaciones.
En este contexto, se anunciaron nuevas medidas de lucha: el Comité de Emergencia en Discapacidad de San Nicolás adelantó que se llevará a cabo un Paro Nacional los días 26 y 27 de mayo, seguido de una jornada de Paro y Movilización el 28 de mayo.
