Lo denunció la Comisión Provincial por la Memoria. El hecho habría sucedido el lunes pasado, en el pabellón de diversidad de la Unidad Penal 2.
La Comisión Provincial por la Memoria denunció que el lunes pasado, alrededor de las 4.30, agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense irrumpieron de manera intempestiva en el pabellón de diversidad de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica. Allí arrastraron semidesnudas a al menos 45 personas hacia las celdas de aislamiento y golpearon a varias de ellas.
En la denuncia publicada por la agencia Andar y citada por Verte, la Comisión explicó que las autoridades las mantuvieron incomunicadas, sin teléfonos ni contacto con familiares o abogados, y las hicieron pasar hambre y frío durante varios días. Además, no les entregaron la medicación a quienes la necesitaban por sus tratamientos de salud.
Como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM presentó un hábeas corpus para exigir que cesen de inmediato los hechos de violencia contra el colectivo LGTB alojado en esa unidad. Según informaron, algunas personas seguían aisladas y las autoridades trasladaron a la referente del pabellón a otra cárcel.
La CPM advirtió en su recurso judicial que el Servicio Penitenciario aplicó el aislamiento de manera colectiva como sanción general, algo que la normativa prohíbe expresamente. Detallaron que los agentes sacaron a las personas del pabellón de forma violenta, muchas veces semidesnudas, y les quitaron sus teléfonos celulares. Varias sufrieron golpes y empujones.
La Comisión también denunció que, durante los días en los buzones, las autoridades no les entregaron medicación y les impidieron comunicarse con el exterior, lo que generó una profunda angustia en sus afectos. En una entrevista con el equipo de la CPM, la referente del pabellón relató: “Me sacaron capeada (sin mis pertenencias), casi desnuda. Me sacaron corriendo entre la lluvia, el barro, me pegaron. No entiendo por qué, la verdad no entiendo por qué”.
Luego de varios días en los buzones, algunas personas regresaron al pabellón sin recibir ninguna notificación formal sobre el motivo de la sanción. Según la denuncia, seguían en condiciones extremas de aislamiento junto al resto de sus compañeres.
En el hábeas corpus colectivo, la CPM subrayó que las autoridades expusieron al resto de las personas alojadas en el pabellón a un aislamiento de convivencia sin notificar sanción alguna. Lo hicieron de forma colectiva, sin explicar los cargos que motivaron la decisión, y sin permitirles hacer un descargo o ejercer su defensa. Esta situación, según la Comisión, viola el principio de legalidad en la ejecución de la pena y les quita el derecho a defenderse.
El Juzgado de Ejecución N.º 2 de Azul, con asiento en Alvear y a cargo de la jueza Adriana Bianco, recibió el recurso. La magistrada ordenó medidas de prueba y fijó audiencia para el lunes, siempre según Verte.
