El juzgado federal N° 1 de Paraná (Entre Ríos) resolvió el sobreseimiento por falta de pruebas de un total de 43 propietarios de tierras que cinco años atrás habían sido imputadas por su responsabilidad en los reiterados incendios en islas del Delta del río Paraná. El fiscal Claudio Kishimoto anticipó que apelará lo resuelto por el juez Daniel Alonso.
De la redacción de EL NORTE
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Luego de transcurridos casi cinco años desde los hechos que fueron materia de la instrucción, la Justicia federal sobreseyó a los 43 productores que estaban imputados por los incendios en las islas del Delta del río Paraná. En 2020 habían sido acusados por el fiscal Claudio Kishimoto al considerarlos responsables de ocasionar incendios de manera intencional. La reciente resolución del juez Daniel Alonso, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de Paraná (Entre Ríos), sostuvo que no existieron indicios, en ninguno de los casos, que pudiera probar que los propietarios habían iniciado los incendios. El fiscal anticipó que apelará la resolución, en disconformidad con los presupuestos jurídicos utilizados
La causa se originó en 2020, en plena pandemia de coronavirus. En el contexto de una histórica sequía y una consiguiente pronunciada bajante del Paraná, San Nicolás, Villa Constitución, Ramallo, San Pedro, Rosario y otras ciudades costeras se veían diariamente invadidas por el humo y las cenizas que llegaban desde las islas, que ardían una y otra vez de manera incontrolada.
El malestar generalizado, sumado naturalmente a la preocupación por la destrucción de recursos naturales de los humedales, se dirigió contra los productores dueños de las tierras entrerrianas. La sospecha generalizada era que iniciaban el fuego de manera intencional para mejorar sus terrenos para la cría de ganado.
Fue en ese punto que la Municipalidad de Rosario realizó una denuncia a partir de la utilización de imágenes satelitales que pudieron detectar los puntos de calor anormales, lo que devino en la imputación de los productores propietarios de dichos terrenos.
A partir de ahí comenzó un proceso judicial contra 43 productores. Cinco años después, la Justicia resolvió ahora que no existen pruebas contundentes contra los imputados y todos ellos fueron sobreseídos.
El fallo
La reciente resolución de la Justicia Federal se apoyó en la falta de pruebas. “En lo que respecta a la intervención de los imputados, ante la ausencia de pruebas vehementes, se genera una duda insuperable respecto de su vinculación con la situación constatada”, se lee en el fallo, según consigna el medio rosarino La Capital.
Las defensas de algunos de los imputados admitieron que los incendios habían sido intencionales, pero enfatizaron que no hay elementos incorporados a la causa que los señale a ellos como causantes.
“En este contexto, debe señalarse que en ciertas ocasiones se constata la certeza de inocencia del imputado, pero en otras se constata la certeza de no poder reunir los elementos de convicción suficientes de sospecha sobre la participación del imputado en un hecho punible, resultando inútil y dispendioso proseguir el procedimiento penal hasta la sentencia, pues no sería más que prolongar la persecución penal, cuyo resultado está a la vista, sin razón suficiente y con la única finalidad de provocar la prolongación innecesaria del sufrimiento del imputado”, argumentó el juez en su resolución.
Fiscal disconforme
Tras el fallo del juez federal de Paraná Daniel Alonso, el fiscal de la causa Claudio Kishimoto anticipó que apelará la resolución, en disconformidad con los presupuestos jurídicos utilizados. Para el fiscal, “al menos la conducta negligente está acreditada”, afirmó el fiscal en radio LT8.
“Las imputaciones que se hicieron a estas personas fueron en primer lugar por el carácter doloso o la intencionalidad de crear fuegos, o por un medio culposo, quiere decir que si bien no tenían la intención de producir un daño acabado, tuvieron una actitud negligente. El obrar del juez en cuanto a imputarles la conducta dolosa podría ser discutible, porque no se ha visto a estas personas prendiendo un fósforo, pero al menos la conducta negligente está acreditada”, aseveró Kishimoto.
Y añadió: “La mayoría, en la declaración indagatoria, cuando se les imputó el hecho con carácter doloso o culposo, manifestaban que esas tierras eran heredadas y mostraron un cierto desinterés, una actitud de ‘no me importa, soy titular de eso, pero me despreocupo’. Y esto es el medio ambiente: no importa que a vos no te afecte en tu propiedad, pero estás afectando la salud de mucha otra gente”, puntualizó el fiscal.
La denuncia de Passaglia
La acción judicial promovida por la Municipalidad de Rosario no fue la única por aquellos días de humo y cenizas. Hacia fines de agosto de 2020, mediante una denuncia penal, el entonces Intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, también insistía sobre la necesidad de que la Justicia actúe para poner fin a los incendios intencionales.
“Llevamos más de dos meses soportando esta situación y pidiendo a la Justicia y las autoridades nacionales que intervengan. Los incendios en las islas se tienen que terminar”, exigía el Intendente, quien por aquellos días había definido la situación como un “ecocidio”.
La Municipalidad de San Nicolás había presentado ante el Ministerio Público Fiscal una denuncia penal por “los hechos ocurridos en el sector de islas del rio Paraná inferior, la quema indiscriminada de vegetación, degradando el medioambiente y afectando la salud de las personas”.
“Pedimos que se investigue a fondo porque debemos ponerle fin a este accionar que se repite todos los años. Estuve en contacto con varios Intendentes de la zona y necesitamos que haya una respuesta concreta, porque los focos de incendio son cada vez más y hasta ahora no se encontraron a los responsables”, reclamaba Manuel Passaglia en 2020.
