El 18 de enero de 2015, el fiscal fue hallado con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento. A 7 años, aún no se sabe qué sucedió: ¿Nisman se suicidó o fue asesinado?
Pasaron siete años desde que el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento.
En la noche del 18 de enero de 2015, el cuerpo del entonces fiscal de la causa que investiga el atentado contra la AMIA fue hallado en el baño de su departamento de Puerto Madero por su madre, Sara Garfunkel, con un orificio de bala en la cabeza.
El fiscal murió cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de colaboradores por el encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.
El sábado 17 de enero, un día antes de que apareciera su cuerpo, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes habían cursado la invitación al fiscal para que diera detalles en el Congreso sobre su denuncia.
Ese mismo día por la tarde, según constató la investigación, Nisman había recibido en su casa al técnico informático Diego Lagomarsino, titular de la pistola Bersa calibre 22 que efectuó el disparo mortal en la cabeza del fiscal.
Según el relato de Lagomarsino, Nisman le había pedido el arma prestada por seguridad, dado que temía por su vida y, principalmente, por la de sus hijas.
Luego de encontrar el cuerpo, dos hipótesis sobrevolaron el hecho: la del suicidio -voluntario o inducido- y la del asesinato-. El hecho fue investigado inicialmente como “muerte dudosa” y la causa quedó a cargo de la fiscal Viviana Fein, quien el 24 de enero informó que “el disparo fue a una distancia no mayor a un centímetro” y que “no se infiere la participación de terceras personas”.
El único imputado en la causa era el asesor informático, por haber entregado un arma a una persona que no tenía portación. Su defensa abonaba la hipótesis del suicidio, mientras que la querella, representada por la jueza federal y ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, sostenía la hipótesis del homicidio y pedía que la causa pasara al fuero federal.
En mayo de 2015, la junta médica que analizó el caso, conformada por 10 peritos del Cuerpo Médico Forense, dos de la Policía Federal, uno de la defensa de Lagomarsino y dos por la querella, concluyó que no había indicios para sostener que se trató de un homicidio, pese a que en las manos del cuerpo sin vida de Nisman no habían encontrado restos de pólvora. Los dos representantes de Arroyo Salgado no firmaron el informe.
Sin embargo, hacia fines de 2015 Palmaghini desplazó a Fein y se hizo cargo de la investigación. En marzo de 2016, la magistrada declaró la incompetencia del fuero ordinario y envió el expediente al fuero federal, como pedía la querella y el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón: en septiembre de 2016 sostuvo que se trataba de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones y que por eso debía investigarlo el fuero federal.
El expediente se trasladó a Comodoro Py y el sorteo dejó la investigación en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Eduardo Taiano.
En abril de 2017, Taiano dispuso realizar nuevamente las pericias médica y técnica (sobre los dispositivos electrónicos) y encargó la tarea a la Gendarmería Nacional. En septiembre de ese año, la fuerza de seguridad presentó el informe. En el, da cuenta de rastros de ketamina en el cuerpo del fiscal y sostiene que fue ejecutado por al menos dos personas situadas en el baño del departamento.
El único procesado por la muerte del fiscal es el técnico informático Diego Lagomarsino, quien, pese a reconocer que le proporcionó a Nisman el arma desde la que salió la bala que terminó con su vida, niega una y otra vez haber sido parte de un plan homicida.
Por último, el 7 de octubre de 2021, el Tribunal Oral Federal N° 8 resolvió por unanimidad sobreseer a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros procesados por la denuncia que había presentado Nisman, tras considerar que “el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito”.