La defensa de los tres acusados por millonario fraude financiero apeló la decisión de la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui que ordenaba su enjuiciamiento. Ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver la elevación a juicio. La causa, por múltiples denuncias, involucra a Walter Gulías, Héctor Páez y a la contadora Paula D´Adamo, imputados por Administración fraudulenta y Estafas.
De la redacción de EL NORTE
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La fiscalía N° 14, a cargo de la instrucción, había pedido a fines de diciembre pasado sentar en el banquillo de los acusados a la contadora Paula D´Adamo, Walter Gulías y Héctor Páez, todos bajo la imputación de Administración Fraudulenta y Estafas. La titular del Juzgado de Garantías N° 3, magistrada María Eugenia Maiztegui hizo lugar y ordenó la elevación a juicio, medida que finalmente, en los últimos días, fue apelada por los abogados defensores de los tres imputados. Será ahora la Cámara de Apelaciones quien deba resolver el recurso para que los acusados en el millonario fraude sean sometidos a juicio oral.
La investigación por múltiples maniobras financieras engañosas había sido iniciada en 2019 e involucra a Gulías, Páez y D´Adamo, quienes están siendo investigados por la presunta comisión de defraudaciones por cifras varias veces millonarias. Les imputan los delitos de Administración Fraudulenta y Estafas reiteradas en perjuicio de cientos de ahorristas.
Los tres imputados se encuentran con prisión domiciliaria otorgada en diferentes momentos por razones de salud luego de haber permanecido varios meses alojados en la UP3 en el caso de Gulías y de D´Adamo y en una unidad de Lomas de Zamora en el caso de Páez.
En 2013 los procesados abrieron la financiera “Casa de cambios San Nicolás”, la cual poseía distintas sucursales en puntos céntricos de la ciudad. En la misma, además del cambio de diversas monedas, se ofrecían inversiones en dólares y en pesos a tasas de muy alta rentabilidad. La oferta de inversión era muy tentadora y cientos de personas depositaron su dinero. En principios el funcionamiento era normal, pero en 2019 comenzó la pesadilla para los ahorristas que ya no lograban recuperar su dinero.
La maniobra
Los primeros incumplimientos empezaron a producirse en 2019 cuando ya no retornaban a los inversores los intereses ni el capital invertido. Los damnificados, más de cien, comenzaron a sumar sus denuncias. Pero el caso tomó notoriedad cuando en un suceso de extrema tensión un ahorrista de 65 años irrumpió armado con un revólver en el departamento que ocupaba Walter Gulías, lo tomó de rehén y amenazó con matarlo y luego quitarse la vida si no recuperaba su inversión por una suma superior a los 30 mil dólares.
Luego de horas de negociación, depuso su actitud, liberó al financista y se entregó a la policía. Tras las denuncias y las primeras medidas de investigación la Justicia trabó embargos millonarios para intentar salvaguardar el dinero de los damnificados.
En pleno curso de la instrucción se realizaron 11 allanamientos donde secuestraron dinero en efectivo en moneda nacional y en moneda extranjera, documentaciones, equipos informáticos, celulares, notebook, CPU, entre otros elementos. También se trabaron embargos millonarios sobre propiedades inmobiliarias, autos de alta gama y embarcaciones para preservar los capitales de los inversores.
Es así que en octubre de 2022 la Justicia realizó embargos preventivos que habían sido pedidos por la fiscalía y que alcanzaron una cifra que en ese momento rondaría los 150 millones de pesos. La cautelar recayó en diversas propiedades, entre ellas departamentos, casas y cocheras además de costosos automóviles de alta gama y embarcaciones. El monto por el que fue trabada la medida precautoria y que es apenas una parte de la cifra que alcanzaría la defraudación fue de casi 600 mil dólares y 10 millones de pesos.
