El director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo dijo que se trató de un “error grave y grosero”.
En un hecho que generó repudio y controversia, el Gobierno nacional pidió disculpas públicas tras la difusión de un documento oficial en el que se utilizaban términos como “idiotas” y “débiles mentales” para referirse a personas con discapacidad.
El Gobierno pidio disculpas públicas
La controversia surgió a partir de la publicación de un baremo médico elaborado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que establecía criterios para medir el grado de incapacidad laboral. En el documento se empleaban expresiones consideradas obsoletas y estigmatizantes para referirse a distintos grados de discapacidad intelectual.
Frente a la repercusión negativa, el director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ofreció disculpas públicas por Radio Rivadavia y calificó el hecho como un “error grave y grosero”. Aclaró que el documento no representaba la postura del Gobierno y explicó que se trató de un problema en la elaboración del baremo.
Spagnuolo explicó que desconocía los términos utilizados en el informe y que estos fueron incluidos por el equipo médico encargado del documento. “Cuando vi los términos pregunté concretamente: ¿Esto qué es? Me dijeron, no, son términos médicos, entendemos que está desvirtuado, pero son términos médicos”, relató.
La ANDIS inició una auditoría nacional sobre más de un millón de pensiones por invalidez, luego de detectar un fraude estimado en más de 1.000 millones de dólares. Spagnuolo calificó al sistema como “absolutamente corrompido” y remarcó la necesidad de auditorías presenciales para verificar cada caso.
Entre las irregularidades se detectaron pensiones otorgadas sin cumplir requisitos legales, gestores y punteros políticos cobrando grandes sumas para facilitar trámites ilegales, uso indebido del programa Incluir Salud, y prestaciones simuladas con personas que cobran pensiones mientras fingen estar internadas.
“Nosotros no recibimos un sistema informatizado de pensiones, no tenemos la información para poder administrar adecuadamente todo este sistema, y es enorme. Son un millón de pensiones”, explicó Spagnuolo, justificando la modalidad presencial de las auditorías.
Spagnuolo señaló con preocupación la naturalización del fraude en provincias como Formosa, donde se habla abiertamente de cobrar pensiones sin cumplir los requisitos. “Estimamos que el fraude es mínimo de 1.000 millones de dólares, mínimo de piso. Y en cierta medida los números que estamos viendo en la auditoría lo estarían ratificando”, concluyó.
