El ministro Federico Sturzenegger presentó los recientes avances en la desregulación de los derechos de autor en Argentina, con un enfoque particular en la Sociedad General de Autores de la Argentina.
El Gobierno oficializó modificaciones en el esquema de gestión de los derechos económicos de autor mediante los decretos 207/2025 y 208/2025, publicados este jueves en el Boletín Oficial. La nueva normativa introduce reglas que impactan en el funcionamiento de la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), permitiendo que los creadores negocien directamente los valores de sus derechos de autor, aunque el cobro continuará realizándose a través de la entidad.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó la medida a través de un posteo en la red social X: “Completamos la desregulación de las sociedades de gestión colectiva (SGC), en este caso reglamentando el funcionamiento de Argentores. A partir de hoy, los autores literarios, dramáticos, cinematográficos, etc., podrán realizar acuerdos bilaterales para determinar el precio de sus derechos de autor con la misma libertad que ya permitimos para el resto de los autores en otras disciplinas”.
Según destacó Sturzenegger, Argentores posee un monopolio otorgado por ley para la gestión de la propiedad intelectual de obras representadas en salas de teatro, cine, canales de TV y radios en todo el país. En ese contexto, aunque los creadores podrán acordar libremente el valor de sus derechos, la tarifa pactada deberá seguir siendo cobrada a través de la SGC.
Reglas para la distribución de fondos y fiscalización
Los cambios llegan tras la implementación del Decreto 138/2025, que permitió a los artistas gestionar sus derechos sin intermediarios obligatorios, generando rechazo por parte de Argentores y SADAIC. Ahora, la nueva normativa refuerza esa línea al permitir que los autores negocien directamente con los usuarios de sus obras, con un marco que busca garantizar transparencia en la administración de los fondos recaudados.
Entre las medidas implementadas se establecen:
- Un límite del 30% para los gastos administrativos de Argentores, asegurando que la mayor parte de los ingresos por explotación de obras llegue a los autores.
- Un plazo máximo de dos meses para la distribución de pagos, en proporción al uso de cada obra.
- Publicación obligatoria de los criterios de distribución de derechos recaudados en la página web de la entidad.
- Redistribución de montos no cobrados: si un titular no reclama su pago en un plazo de cuatro meses, el dinero será repartido entre los demás autores representados.
Supervisión bajo el Ministerio de Justicia
Otra de las modificaciones clave es el cambio en la fiscalización de Argentores, que pasará a estar bajo la supervisión de un auditor designado por el Ministerio de Justicia, reemplazando el rol que hasta ahora tenía el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Según el Gobierno, este ajuste busca eliminar duplicidades de funciones y hacer más eficiente el monitoreo del cumplimiento de la normativa.
Con estas medidas, la gestión de los derechos de autor en Argentina atraviesa una transformación que promete mayor flexibilidad para los creadores, mientras mantiene un esquema de control en la administración de los recursos recaudados.
