El Ejecutivo disolvió una serie de programas gestionados por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, con el argumento de optimizar la administración de recursos y evitar duplicidades en las iniciativas.
La decisión se formalizó a través de las resoluciones 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 y 154, emitidas por el Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello. Los documentos, publicados en el Boletín Oficial, llevan la firma del secretario del área, Juan Bautista Ordoñez.
Según el Gobierno, la eliminación de estos programas responde a la necesidad de “readecuar y unificar normativas que impliquen duplicidad de programas o líneas de acción, así como la inversión de los recursos públicos”.
Además, el Ejecutivo recordó que, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 25.164, los trabajadores afectados por esta reestructuración quedarán en situación de “disponibilidad” por un plazo máximo de 12 meses.
Los programas cancelados por el Ministerio de Capital Humano
- Participar en Comunidad, que tenía como objetivo “promover una mayor participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad a fin de responder de manera integral a las demandas y necesidades locales planteadas en territorio, principalmente de los sectores más vulnerables, favoreciendo el abordaje integral de las políticas sociales, mediante el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios y los actores que los conforman, como así también la realización de acciones tendientes al Fortalecimiento para el Desarrollo Humano”.
- Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos, destinado a “el fortalecimiento del niño como sujeto de derechos y ciudadano a través de la promoción y divulgación de sus derechos, a fin de garantizar su desarrollo pleno, integración familiar y comunitaria, priorizando su ‘centro de vida’”.
- Programas Espacio Unzué, Espacio Sarmiento, Espacio Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti, creados para promocionar “la convivencia familiar; fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas”.
- Centros de Referencias, iniciados con el fin de ser “instrumento de afianzamiento de la presencia institucional del Ministerio en el territorio nacional”.
- Jugando Construimos Ciudadanía y Programa Nacional de Derecho al Juego (JUGAR), que tenía como objetivo “propiciar la producción de conocimiento en la temática del juego en la franja etaria comprendida entre los 0 a 17 años, garantizando de esta manera el derecho al juego de niños, niñas y adolescentes en todo el país”.
- Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias, que apuntaba a resguardar a “el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas de cada niño”.
- Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos, creada para “prevenir y reducir las situaciones de vulneración de derechos garantizando el acceso y desarrollo integral”.
- Departamento de Salud Integral, que buscaba brindar una asistencia directa a aquellos niños y adolescentes que se encontraban en institutos que estaban a cargo de la Secretaría de Niñez.
- Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad, creado para acompañar a los menores hijos de mujeres detenidas.
- Línea Activar, destinada a “el establecimiento de diversas acciones de trabajo con adolescencias, abordadas desde una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaren los lazos comunitarios y la autonomía progresiva de los adolescentes”.
- Consejo Consultivo de Adolescentes y el Programa nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes, desarrollado para “garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana de los adolescentes de 13 a 17 años, través de la institucionalización de mecanismos de consultas, donde dicha franja etaria de la población pudiese participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que les correspondieren”.
