El 64% de los casos corresponden a mujeres trans, el 23% a varones gays cis, el 8% a lesbianas, el 4% a los varones trans y el 1% a las personas no binarias. La falta de políticas públicas “y la normalización de discursos de odio han impulsado un crecimiento alarmante”, advierte el informe del Observatorio de la Federación Argentina LGBT+ y las Defensorías bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De la Redacción de EL NORTE
[email protected]
El Observatorio de Crímenes de Odio, impulsado por la FALGBT, y las Defensorías de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires analizan los crímenes motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. Se conoció que en 2024 se registraron 140 crímenes de odio en Argentina, lo que implica un aumento significativo de este tipo de asesinatos. Así da cuenta un nuevo informe de la Federación Argentina LGBT+, que advirtió ‘la gravedad del desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a la comunidad y el impacto de los discursos de odio’.
El Observatorio define que se trata del «tipo de crímenes como un acto voluntario consciente, generalmente realizado con saña, que incluye -pero no se limita- violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas, siendo en este caso nuestro objeto de relevamiento y observación el colectivo de personas de la comunidad LGBT+».
Durante 2024 se registraron 140 de estos crímenes. El 64% de los casos (90) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar, con el 23% (32), se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar, con el 8% (11), las víctimas son lesbianas; posteriormente, con el 4% (5), se encuentran los varones trans; y por último, con el 1%, las personas no binarias.
De todos los crímenes de odio registrados en 2024, el 48% de los casos (67) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios; y el 52% restante (73), a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, violencia física que no terminó en muerte.
VÍCTIMAS
El informe indica que del total de lesiones al derecho a la vida, el 25% de los casos son asesinatos; el 66% son casos de muerte por violencia estructural –es decir, muertes en donde la vulneración sistemática e histórica de derechos generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben estos decesos, todos ellos evitables–; y el 9% restante está constituido por casos de suicidios.
Las denominadas lesiones al derecho a la vida tienen como principales víctimas a las mujeres trans en el 87% de los casos, a las lesbianas con el 5%, con el 4% a varones trans, y el 4% restante son varones gays cis.
En cuanto los asesinatos, en 2024 se cometieron 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual –11 mujeres trans, 3 lesbianas y 3 varones gay cis–; 44 muertes por violencia estructural –43 mujeres trans y un varón trans–; y 6 suicidios –4 mujeres trans y 2 varones trans–.
«Los crímenes de odio se caracterizan por ser cometidos con una descomunal rabia, con métodos de tortura, y en los casos de asesinato pareciera que arrancarles la vida a las víctimas no basta, sino que además, sus cuerpos quedan destrozados», señala el relevamiento.
“SE AMPLIFICA POR FALTA DE POLÍTICAS”
Con estos números se registran cuatro años de incremento constante de los crímenes de odio. En 2021 se registraron 120 casos, en 2022 la cifra llegó a 129, en 2023 alcanzó 133 y en 2024 trepó a los 140 casos. «Esta tendencia confirma que la violencia contra la población LGBT+ no solo persiste, sino que cada año se amplifica, evidenciando la ausencia de políticas efectivas para su erradicación y la falta de respuestas institucionales», manifestaron desde el Observatorio.
Otro dato significativo tiene que ver con el incremento de las agresiones físicas. En anteriores informes, la violencia estructural encabezaba la lista, pero este puesto fue desplazado por los golpes, que constituyen el 35% (49) de los casos totales de crímenes de odio. La violencia estructural quedó en segundo lugar, con el 31,43% (44) de los casos. «Esta inversión indica un aumento de agresiones directas y brutales en la vida cotidiana de las personas LGBT+, evidenciado también en el crecimiento de los crímenes ocurridos en la vía pública, que pasaron del 24% en 2023 al 35% en 2024. La falta de garantías de seguridad en el espacio público y la creciente normalización de ataques físicos configuran un escenario extremadamente alarmante», nota el documento.
En cuanto a la autoría, las fuerzas de seguridad representan una de las principales amenazas para la población LGBT, constituyéndose como atacantes en el 12 % de los casos. Sin embargo, la lista la encabezan personas privadas, pasando del 26% en 2023 al 52% en 2024. «Este dato evidencia una sociedad donde la violencia contra las personas LGBT+ ha sido progresivamente legitimada y alentada, impulsada por discursos discriminatorios y la falta de sanciones efectivas contra los agresores», detalla el Observatorio.
DESPROTECCIÓN
«El contexto político actual, marcado por la eliminación de programas de diversidad y derechos humanos, ha generado un clima de impunidad que favorece el incremento de la violencia. La desregulación estatal y la normalización de discursos de odio han impulsado un crecimiento alarmante de los crímenes de odio en Argentina e impulsado un contexto de mayor vulneración de derechos. Sin herramientas para denunciar discriminación, sin acceso a empleo y salud y sin políticas de prevención de la violencia, el colectivo LGBT+ se enfrenta a una situación de total desprotección», concluye el informe.
La FALGBT manifestó su preocupación por la desarticulación de las políticas públicas destinadas a la población LGBT+, como es el caso del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi) y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Asimismo, cuestionó el vaciamiento del Programa Nacional de VIH, ITS y Hepatitis Virales; el cupo laboral trans; la Red de Asistencia Integral de las Violencias; los programas de patrocinio legal gratuito, entre otras políticas.
La FALGBT destacó el impacto de los discursos de odio y cómo los mismos constituyen «una construcción sistemática de un enemigo social». «El Gobierno ha generado un efecto legitimador de la violencia hacia la diversidad sexual», sostiene.
