La Oficina Anticorrupción deberá investigar si Milei incumplió con la Ley de Ética Pública tras el escándalo cripto

El organismo que depende del Poder Ejecutivo será el encargado de indagar en el comportamiento del mandatario y de los involucrados en la promoción de la moneda $Libra que generó pérdidas millonarias.

La Oficina Anticorrupción (OA) iniciará una investigación para determinar si el presidente Javier Milei incumplió la Ley de Ética Pública al promover la criptomoneda $Libra.

El mandatario alentó a sus seguidores a invertir en el “Viva la Libertad Project” de la empresa KIP Protocol, lo que llevó a un aumento abrupto en el valor de $Libra.

Posteriormente, la moneda se desplomó cuando sus desarrolladores abandonaron el proyecto y retiraron los fondos de los inversores.

Reacción oficial y medidas adoptadas

Tras el escándalo, la Oficina del Presidente (OPRA) solicitó la intervención de la OA, dirigida por el abogado Alejandro Melik, para evaluar si algún miembro del Gobierno, incluido el presidente, incurrió en conductas inapropiadas.

Melik, en enero de 2024, había afirmado: “Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción”.

Alcance de la investigación

La OA analizará si Milei o funcionarios relacionados infringieron la Ley de Ética Pública (N° 25.188), que prohíbe el uso de recursos estatales para beneficio personal o promoción de empresas privadas.

Además, se examinarán los vínculos entre Milei y los empresarios Hayden Mark Davis, Julián Peh y Mauricio Novelli, quienes participaron en el lanzamiento de $Libra y mantuvieron reuniones con el presidente.

Posibles consecuencias y perspectivas

De encontrarse irregularidades, la OA podría presentar una denuncia penal.

No obstante, desde la Casa Rosada descartan que el pedido de juicio político impulsado por la oposición prospere.

Un funcionario señaló: “No tenemos problema porque no hay ningún funcionario implicado en una maniobra ilícita ni hubo dolo”.

Constitucionalistas consultados cuestionan la autonomía de la OA y sugieren la intervención del Congreso para evaluar la conducta del presidente en este caso.

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