El Frente de Todos buscará en la semana que se inicia acelerar los trámites para impulsar el juicio político del procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, en una de las derivaciones del escándalo originado tras la difusión del video en el cual el por entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, hablaba de una “Gestapo” para “terminar con los gremios”.
El oficialismo impulsa el juicio político a Conte Grand en la Legislatura, pero a diferencia de lo que ocurrió en el debate sobre la reelección de intendentes, en el que la coalición opositora votó partida, en la defensa del procurador se muestra unificada.
La mesa provincial de Juntos emitió incluso una declaración en la que acusó al FdT de “intentar desestabilizar y forzar la renuncia” del titular del Ministerio Público bonaerense.
Conte Grand, en tanto, ya fue citado para el martes 18 de enero por la subcomisión de la Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia que se creó para investigar la operatoria de “prearmado” de causas judiciales contra gremialistas con participación de exespías de la AFI, funcionarios y representantes del Poder Judicial.
“Chequeado”
Los legisladores del oficialismo quieren preguntarle por los dichos de Villegas que se escuchan en la grabación de video hallada en un disco de archivo de la AFI, en particular por una expresión del exministro de Trabajo en una reunión del año 2017 en la que aseguraba haber chequeado “con la Procuración, con la fiscalía, con el juez” sobre la conveniencia de “preconstituir” denuncias judiciales contra líderes de sindicatos.
Para avanzar con el juicio político a Conte Grand, el FdT necesita 18 votos adicionales a los que ya tiene en la Cámara de Diputados provincial y, de ese modo, alcanzar el número mínimo que se requiere para tratar el pedido sobre tablas: esto es, necesita una mayoría compuesta por los dos tercios del cuerpo.
Reunión del Senado
En tanto, el Senado bonaerense se reunirá el martes próximo para responder lo pedido por el Juzgado Federal de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, quien hace cuatro días solicitó el allanamiento de las oficinas del senador provincial Juan Pablo Allan, del bloque de Juntos, electo por la octava sección electoral (que comprende a la capital bonaerense) y un hombre cercano al intendente local, Julio Garro.
Tanto Allan como el propio Garro estuvieron presentes en la reunión de 2017 que se celebró en una sede porteña del Banco Provincia en la que el exministro bonaerense Villegas analizaba cómo prearmar causas contra gremialistas, sobre todo al extitular de la UOCRA platense, Juan Pablo “Pata” Medina.
Esa reunión fue registrada por una cámara y la grabación almacenada en un disco que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció haber hallado entre material en desuso de la ex SIDE, para luego hacer una presentación en la Justicia Federal de La Plata una vez que comprobó de qué trataba el contenido.
En la filmación se ven a tres funcionarios de jerarquía de la agencia de inteligencia en tiempos de Cambiemos, Darío Biorci, Juan Sebastián De Stefano y Diego Dalmau Pereyra.
En el caso del allanamiento a las oficinas del diputado Allan, el propio legislador ya se había puesto a disposición del juez Kreplak y es probable que se habilite el acceso judicial a su despacho, lo que primero debe ser votado formalmente por el Senado bonaerense.
“No hubo Mesa Judicial”
En el plano político, la exgobernadora María Eugenia Vidal rompió hace dos días el largo silencio que se había impuesto tras la difusión del video que captó lo que se conversó en la reunión, como de sus derivaciones judiciales y políticas.
“En mi Gobierno no hubo ni Mesa Judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie. Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia, no por mi Gobierno; con pruebas claras y concluyentes”, señaló para defenderse.
En cuanto a la frase de Villegas sobre la necesidad de una “Gestapo” que actúe contra los gremios, Vidal la consideró “repudiable e injustificable”, aunque dijo que “no constituye delito”, y recordó que el exfuncionario “pidió disculpas, no solo públicamente, sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías para pedir disculpas en privado y personalmente”.
Por otro lado, la exgobernadora y actual diputada por la CABA reprochó que Caamaño “haya tardado dos años en encontrar el video” y que la denuncia se haya presentado “frente a un juez que es incompetente, de la ciudad de La Plata (por Ernesto Kreplak) cuando el hecho ocurrió en Capital Federal”. (DIB)