El Gobierno auditará más de un millón de pensiones por invalidez para detectar fraudes y garantizar su asignación a quienes las necesiten.
El Gobierno nacional, en conjunto con el PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), anunció a través de una conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, una auditoría masiva sobre más de un millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL). La medida busca garantizar que estos beneficios sean otorgados únicamente a quienes cumplen con los criterios legales y efectivamente los necesiten.
Un proceso progresivo con múltiples etapas
La auditoría se desarrollará en distintas etapas para asegurar una revisión minuciosa de cada caso. La primera acción será el envío de cartas documento a los beneficiarios, otorgándoles un turno con un médico del PAMI para presentar la documentación requerida. En la segunda etapa, los profesionales de la entidad realizarán entrevistas y controles médicos a los pensionados.
En la tercera fase, la Andis procesará la información recopilada y evaluará cada caso. Finalmente, se emitirán dictámenes y resoluciones que determinarán si el beneficiario continúa recibiendo la pensión o si corresponde su suspensión.
Primeros resultados y cifras en revisión
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que en enero se enviaron 1.100 cartas documento a beneficiarios de Buenos Aires. Solo el 31,6% de los convocados se presentó, mientras que 759 personas no cumplieron con los requisitos o no asistieron a la evaluación.
Paralelamente, el Gobierno ya dio de baja 176.569 beneficios previstos para este año, con base en investigaciones que revelan que menos de la mitad de los pensionados en CABA cumplen con los criterios de invalidez laboral. Se estima que los fraudes en todo el país representan un desvío de hasta 2.000 millones de dólares anuales.
Histórico crecimiento de las pensiones por invalidez
Desde el Gobierno señalan que durante las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la cantidad de pensiones por invalidez laboral creció de manera exponencial. Néstor Kirchner incrementó estos beneficios en un 183%, Cristina Fernández en un 143% en su primer mandato y un 47,93% en el segundo, y Alberto Fernández en un 18,46%. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la reducción fue mínima, con una baja del 1,9%.
Las auditorías comenzaron en agosto de 2024 con la revisión de 29.000 pensionados en la Ciudad de Buenos Aires y más de 300.000 en la provincia de Buenos Aires. Próximamente, la revisión se extenderá a Chaco, Jujuy y Salta, donde se detectaron 175.000 pensiones con posibles irregularidades, especialmente en el territorio chaqueño.
Casos que llamaron la atención de los auditores
Entre los casos detectados, se encuentra una mujer que recibía una pensión por discapacidad alegando la amputación de su brazo derecho. Sin embargo, en la auditoría se constató que tenía ambos brazos intactos. Otro caso destacado fue el de una niña con pie plano, cuyos tutores cobraban el beneficio mensualmente sin que la condición justificara la pensión.
Desde el Gobierno insisten en que este proceso es clave para transparentar el sistema y evitar el uso indebido de los recursos públicos, que cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan. Aseguran que el proceso de auditoría, que iniciará de manera escalonada en febrero, representa un compromiso firme con la eficiencia y la correcta administración de los recursos del Estado. La supervisión estará a cargo del Ministerio de Salud, con el apoyo del PAMI, que cuenta con una red de médicos y estructura territorial que permitirá abarcar todas las revisiones.
