Donald Trump busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio protegido por la 14ª Enmienda. La medida, que ya enfrenta demandas y una posible batalla legal en la Corte Suprema, reaviva el debate sobre inmigración y derechos constitucionales en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense que otorga la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en el país. Trump firmó una orden ejecutiva al respecto, cuyos detalles aún no han sido revelados completamente, pero que ya ha generado una fuerte oposición legal.
La ciudadanía por derecho de nacimiento, establecida en 1868, garantiza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. Esta disposición surgió tras la Guerra Civil para otorgar ciudadanía plena a los afroamericanos nacidos en el país, anulando el fallo de la Corte Suprema en el caso Dred Scott contra Sandford (1857), que había negado esa posibilidad.
Controversia y resistencia legal
El intento de Trump de reinterpretar la 14ª Enmienda ha desatado una ola de críticas y acciones legales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos presentaron demandas inmediatas para bloquear la orden ejecutiva, argumentando que el principio de ciudadanía por nacimiento está profundamente arraigado en la historia y jurisprudencia de Estados Unidos.
“Es inconstitucional y atenta contra los derechos fundamentales establecidos hace más de 150 años”, declaró un portavoz de la ACLU.
Modificar la 14ª Enmienda a través de una orden ejecutiva representa un desafío constitucional significativo. Los expertos coinciden en que cualquier cambio requeriría una enmienda constitucional, un proceso complejo que necesita la aprobación del Congreso y de tres cuartas partes de los estados.
“La orden ejecutiva de Trump seguramente será desafiada en los tribunales, y la historia está de lado de la Constitución”, afirmó un académico de derecho constitucional. Este enfrentamiento podría derivar en un largo litigio, posiblemente hasta la Corte Suprema.
