Trump firmó una orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio establecido en la 14ª Enmienda que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció su intención de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país. El mandatario firmó una orden ejecutiva con este propósito, aunque los detalles aún no son claros, y ya enfrenta resistencia legal y un fuerte debate público.
Un principio con raíces históricas
La ciudadanía por derecho de nacimiento fue establecida por la 14ª Enmienda en 1868, tras la Guerra Civil, para garantizar la ciudadanía a los afroamericanos nacidos en Estados Unidos, anulando fallos como el caso Dred Scott contra Sandford (1857), que había negado ese derecho. Posteriormente, en 1898, el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos reforzó este principio al establecer que todos los nacidos en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, tienen derecho a la ciudadanía.
Wong Kim Ark, un joven hijo de inmigrantes chinos nacido en San Francisco, fue denegado al intentar reingresar a Estados Unidos tras un viaje a China. Wong argumentó que su nacimiento en Estados Unidos lo convertía en ciudadano, y la Corte Suprema respaldó su postura. Según Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota, este caso sentó un precedente claro: “El caso afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía”. Desde entonces, la Corte Suprema no ha vuelto a abordar este tema.
¿Puede Trump revocar este derecho?
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente no puede eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva. “Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta”, explicó Saikrishna Prakash, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. Aunque Trump podría instruir a las agencias federales a interpretar de manera más restrictiva la ciudadanía, tales acciones serían rápidamente impugnadas en los tribunales.
El camino más claro para modificar este principio sería a través de una enmienda constitucional, un proceso que requeriría el apoyo de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, lo que representa un obstáculo casi insuperable.
Impacto potencial de la medida
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en Estados Unidos alrededor de 250,000 bebés de padres inmigrantes no autorizados. Aunque esta cifra ha disminuido, en 2022 había aproximadamente 1.2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres en situación irregular. Si se eliminara la ciudadanía por nacimiento, el Instituto de Política Migratoria estima que el número de inmigrantes no autorizados aumentaría a 4.7 millones para 2050 debido al efecto acumulativo.
Trump también ha sugerido que los hijos de inmigrantes no autorizados deberían ser deportados junto con sus padres, a pesar de haber nacido en suelo estadounidense. “No quiero romper familias”, declaró Trump en diciembre de 2024. “Así que la única manera de mantenerlos juntos es enviarlos a todos de vuelta”.
Más de 30 países, incluidos Canadá y México, reconocen el derecho de ciudadanía por nacimiento sin restricciones (Ius soli). Otros, como Reino Unido y Australia, aplican versiones más limitadas, otorgando la ciudadanía solo si al menos uno de los padres es ciudadano o residente permanente.
