La ONG “Unidos por la Vida y el Medio Ambiente” rechazó la solicitud del municipio de Ramallo para levantar la medida cautelar que protege el paraje El Tonelero. La organización reclama acceso a la información pública del Código de Ordenamiento Territorial (COPOT) y los mapas modificados. El abogado de la ONG, Fabián Maggi, advirtió que el proceso de aprobación fue irregular, pues no se completaron las sesiones de la Comisión Participativa.
La ONG “Unidos por la Vida y el Medio Ambiente” cuestionó el pedido del gobierno municipal del cese de la medida cautelar que protege al paraje El Tonelero y zona de influencia. Desde la organización ambientalista continúan reclamando el acceso a la información pública del Código de Ordenamiento Territorial, los mapas modificados y que no se avance en las zonas de conflicto.
El abogado de la organización, Fabian Maggi, explicó que “el levantamiento de la medida cautelar lo solicita el propio municipio de Ramallo, a través de su representante legal. Nosotros entendemos que eso no es viable por el momento, fundamentalmente porque no se ha dado a publicidad qué es lo que ha sido aprobado. Y entonces, como primera medida, es necesario conocer el contenido del Código”.
El letrado advirtió que “debe revestir algún grado de irregularidad, porque no se terminaron las sesiones sobre el COPOT, que era la Comisión participativa para la ciudadanía, y eso es un paso fundamental para luego aprobar el código. Sin embargo, se ha aprobado sin que exista un dictamen válido de esa comisión”.
Sobre las medidas cautelares que podían caerse, Maggi remarcó que “la zona de El Tonelero y el Camino de la Costa es la zona más sensible, en términos ambientales, de la que estaba siendo modificada en sus usos, y por eso la justicia en su momento dictó esa medida cautelar que protege una amplia zona. En primera medida lo que le hemos solicitado al juez de la causa que suspenda los plazos que estén corriendo hasta que la municipalidad permita el adecuado acceso a la información pública, el contenido del nuevo código, fundamentalmente a los mapas”.
“Hasta el día de hoy, arbitrariamente los funcionarios municipales niegan el acceso a esos mapas fundamentales. Y esos mapas son los que establecen claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer, si es zona que está protegida como de amortiguación ambiental o como sitio histórico, y dónde sí se pueden hacer las radicaciones industriales. Sin embargo, de la lectura que hacemos del código, surgen varias preocupaciones que creemos que son irregularidades que presenta esa normativa, que tiene que ver con la escasa protección de los bosques nativos, franjas de limitación muy breves, hablan de 20 metros en algunas zonas. Si uno establece una gran industria o un puerto y la distancia de preservación es tan solo de 20 metros, naturalmente eso no sirve para mucho”, afirmó Maggi.
Sobre los pasos a seguir, adelantó que “la ONG ya está decidida a tomar acciones en este asunto porque advierte en varias inconsistencias. Sí, del código, sí del estudio, y una vez que se analice la información completa, se desprende que el nuevo Código Territorial de Ramallo tiene una protección ambiental adecuada, bueno, no habrá nada que decir al respecto. Y si, por el contrario, vulnera zonas sensibles porque generan interacciones inadecuadas o porque se avanza sobre humedales, bañados, costeros y demás, habrá que realizar las acciones correspondientes para frenar ese avance”.