Continúa vigente la medida que impide alojar personas en dependencias de la DDI San Nicolás. La existencia de calabozos no aptos se repite en el 45% de las comisarías provinciales que padecen una sobrepoblación del 109%. Mientras aguardan el informe de arquitectos que determinen la posibilidad de readecuación del lugar, los aprehendidos son llevados a dependencias locales y de ciudades cercanas.
De la redacción de EL NORTE
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Un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria ante las deficientes condiciones de detención en la sede central de la División Departamental de Investigaciones (DDI) San Nicolás impide alojar personas en el lugar. La medida preventiva rige desde el 26 de septiembre pasado y fue admitida por el magistrado Román Parodi, quien se hallaba subrogando a la jueza María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías N° 3. Las razones de la cautelar obedecen a que no están dadas las condiciones aptas para albergar a detenidos. Mientras la orden se cumple y aguardan el informe de los arquitectos designados por la Dirección General de Asesorías Periciales acerca de la viabilidad de la readecuación, los detenidos son alojados en las comisarías locales y cuando ya no quedan calabozos disponibles son trasladados a las dependencias con cupo más cercanas, como San Pedro, Capitán Sarmiento y Arrecifes.
Lo cierto es que la mayoría de los edificios policiales de la provincia no están aptas para alojar a personas, apenas el 55%, sin alcanzar estándares óptimos, cumple con las normativas. Aunque los datos actualizados reflejan un descenso del 29% en la cantidad de individuos albergados en calabozos provinciales respecto del año pasado, con 2574 detenidos la sobrepoblación alcanzó el 109%. Poco más de la mitad de esas comisarías tienen calabozos habilitados. Son 89 las dependencias que actualmente se encuentran clausuradas en el suelo provincial, pero en octubre de 2024 el 43% de esas comisarías continuaban teniendo detenidos, hay 665 personas alojadas en lugares alcanzados por la medida representando el 26% de la población total albergada.
En San Nicolás la única dependencia que está habilitada para alojar detenidos es la Comisaría Primera que tiene una capacidad de 12 personas y aunque la cantidad exacta actual de detenidos no fue informada oficialmente, la realidad no escaparía a la media provincial.
Pocas expectativas
Fuentes vinculadas a la Justicia, consultadas por EL NORTE, informaron extraoficialmente que “en realidad la clausura de los calabozos de la DDI ya había sido dispuesta desde hace 4 o 5 años, pero la demanda de lugares era tan grande que no pudo cumplirse. Finalmente, en este caso la clausura se hizo efectiva y ya no quedan detenidos en la dependencia. Se trata de una medida provisoria hasta que estén dadas las condiciones requeridas”. “El Juzgado N° 3 dispuso directamente que a partir del 26 de septiembre pasado ya no podían ingresar detenidos ni aprehendidos a calabozos de la DDI. Esto representa un grave problema, dado las necesidades”, expresó la fuente consultada. Informó además que, aunque no ingresaron más personas para su alojamiento en la dependencia, los efectivos de la fuerza continúan trabajando en conjunto con la policía de seguridad hasta tanto pueda ser solucionado el problema de fondo, es decir, que sean nuevamente habilitados. Esa habilitación, según se informó, depende de los informes que emitan los arquitectos enviados por la Procuraduría y el Ministerio de Seguridad provinciales acerca de la posibilidad edilicia de readecuación. Este estudio ya fue realizado, pero aún no se conocen los resultados. “De todas formas no hay mucha expectativa de solución, por lo menos a corto plazo”, indicó la fuente consultada. “Creo que no se van a habilitar jamás, no solo la provincia debería hacer una fuerte inversión para adaptar la dependencia, sino que además no hay espacio físico para hacer las adecuaciones exigidas, como por ejemplo la construcción de un patio de invierno. No vemos solución, por lo menos a corto plazo. No se realizó ninguna obra hasta ahora. Para sujetarse a normas internacionales, habría que tirar abajo los calabozos y empezar de cero, pero las dimensiones del edificio no dan. No parece posible, la provincia debería hacer una importante inversión”, señalaron. “En realidad las dependencias policiales no deberían tener detenidos. Cada poder judicial debería tener su centro de alojamiento. La policía no tiene capacidad para tener presos”, concluyeron.
Otra fuente policial consultada indicó que ante la clausura de los calabozos de la DDI los detenidos se alojan en las comisarías locales y cuando se supera el cupo son derivados hacia otras dependencias habilitadas, ubicándolos por cercanía. También son llevados a la alcaidía del penal. Se informó también que no pueden permanecer detenidos en los destacamentos. En realidad, solo la Primera está habilitada, pero transitoriamente también se utilizan las otras comisarías para alojamiento. “En este momento están completas, hubo que derivar personas a otras ciudades, como San Pedro, Arrecifes y Capitán Sarmiento”, explicaron.
El habeas corpus
La decisión judicial es preventiva hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo mediante una serie de pericias ordenadas. El oficio indicaba que ya no podrían ingresar detenidos y que debían trasladar de inmediato a unidades penales los que tenían alojados además de informar cuáles y cómo son los planes de evacuación de la dependencia, y la infraestructura antisiniestral con la que contaban. La Dirección General de Asesorías Periciales, por su parte, designó a un perito arquitecto o ingeniero civil para constatar el estado del edificio respecto de filtraciones, humedad, red cloacal, agua caliente y fría, grifería, vidrios, calefacción, ventilación, etc. Esa pericia, ya efectuada y aún pendiente de dictamen, debía asimismo determinar qué refacciones hacen falta, cuánto tiempo llevarán y si es viable que mientras tanto quienes están alojados sin haber sido asignados a una unidad penal permanezcan allí. Un perito en seguridad e higiene también debía expedirse sobre la existencia de red hidrante, mangueras y provisión de agua, matafuegos, salidas de emergencia y plan de evacuación para hacer frente a un eventual siniestro, entre otros requerimientos.
Comisarías nicoleñas
Conforme a un fallo de 2005, ninguna comisaría debería alojar a detenidos. La resolución ordenó el cierre de calabozos, la creación de alcaidías para alojar a las personas procesadas y aún no condenadas, y además dispusieron que nadie pueda estar más de 48 horas detenido sin que sea liberado o se les dicte prisión preventiva y sean llevados a alcaidías.
La realidad muestra que esta prohibición no puede cumplirse debido a la falta de cupos en las cárceles de la provincia que también están superpobladas y a las pocas alcaidías existentes.
Las comisarías de la ciudad, a pesar de la prohibición de alojamiento en calabozos policiales y de que muchos de ellos se encuentren clausurados, duplicarían su capacidad de alojamiento.
La realidad es que las cárceles bonaerenses están colapsadas, en octubre de este año se contabilizaron 59.152 presos, representando un aumento del 7%. Esto lleva el porcentaje de superpoblación en la provincia al 104%. En San Nicolás, actualmente en la UP3 hay 906 detenidos alcanzando un promedio de 153% por encima del cupo permitido, que es de 396 personas.