Las entidades agropecuarias critican un incremento de hasta el 100% en la cuarta cuota del impuesto, que consideran “desmedido” y “ahogante” para los productores. Desde el gobierno provincial aseguran que afecta solo al 9% de los campos, pero la medida ya genera incertidumbre en San Nicolás y la región.
La reciente suba en el Impuesto Inmobiliario Rural, que alcanzó hasta un 100% en algunos casos, encendió la alarma entre los productores agropecuarios de Buenos Aires, quienes consideran al incremento como un golpe “desproporcionado” que asfixia al sector. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), junto a otras entidades rurales, exigieron explicaciones y plantearon que la medida es una carga adicional “encubierta” para los productores, en lo que describen como una “quinta cuota” no oficial del impuesto.
La postura de CARBAP es tajante. El organismo demanda que el gobernador Axel Kicillof reconsidere la actualización del tributo y “honre” el compromiso de debatir el aumento en conjunto, algo que, aseguran, la administración provincial había acordado previamente. “Señor gobernador: basta de ahogar a los bonaerenses con impuestos ¿Y si prueba con bajar el gasto?”, manifestaron desde la entidad, dirigida por Ignacio Kovarsky. También reiteraron el pedido de audiencia que, según indican, lleva dos meses sin respuesta por parte del gobierno provincial.
El descontento se extiende a otras organizaciones rurales, como las de Bolívar, San Pedro y Capitán Sarmiento, que denunciaron que en algunos casos los productores se encontraron con boletas cuyo valor duplicaba el de la cuota anterior. Según declaraciones de Raúl Víctores, dirigente de la Sociedad Rural de San Pedro, “esto es un verdadero mazazo para el productor de la provincia de Buenos Aires”.
Desde el gobierno bonaerense, en cambio, la respuesta fue distinta. El Ministerio de Desarrollo Agrario sostuvo que el aumento corresponde a una cuota adicional establecida por la Ley Fiscal para aquellos campos que superan una valuación de $39.096.756, afectando solo al 9% de los predios rurales de mayor valor. La cartera subrayó que la cuota adicional no influirá en el cálculo de los impuestos del próximo año, lo que representa, según sus dichos, una medida excepcional y limitada.
Sin embargo, el conflicto sigue escalando y genera preocupación en los productores del norte de Buenos Aires, incluidos los de San Nicolás y sus alrededores, quienes temen que el incremento se convierta en un precedente que afecte la sostenibilidad del sector. La producción agropecuaria de la región podría enfrentar mayores costos que impacten tanto en la logística como en la competitividad, en un contexto donde los reclamos por la falta de inversión en infraestructura, como el mantenimiento de los caminos rurales, también son recurrentes.
La disputa por el Impuesto Inmobiliario Rural abre una nueva brecha entre el gobierno provincial y las entidades del campo, que piden una revisión inmediata del tributo y advierten sobre las posibles consecuencias de mantener una carga fiscal que consideran excesiva y sin una contraprestación adecuada en infraestructura para el sector productivo.
