Otro cuestionamiento de la legisladora fue la relación de un socio de Ediciones Logos, Oscar Romera, quien es abogado del senador santafesino Armando Traferri.
La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña, Graciela Ocaña, miembro de Confianza Pública (CP), dirigió fuertes críticas al vicejefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, en relación con la contratación por 2,5 millones de dólares de la editorial Ediciones Logos.
La polémica se centra en el procedimiento de adjudicación directa y en los vínculos personales y profesionales entre los responsables de la firma y el ámbito político.
Durante la sesión en la Legislatura, Ocaña interrogó a Sánchez Zinny sobre los detalles de esta contratación, destinada a servicios de enseñanza de inglés en la Ciudad. La legisladora enfatizó la necesidad de mayor transparencia y solicitó que el funcionario aclarara los criterios que llevaron a la administración a optar por la contratación directa de la empresa. Según detalló Ocaña, Sánchez Zinny ya había mantenido relaciones laborales previas con esta editorial durante su desempeño en la administración de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Ante las preguntas, Sánchez Zinny afirmó desconocer al propietario de Ediciones Logos y aseguró que se comprometía a investigar la situación para esclarecer lo ocurrido en torno a esta contratación. Según lo estipulado en el contrato, Ediciones Logos, dirigida por Jorge Chrestía, fue seleccionada para la provisión de servicios educativos en inglés, aunque el proceso de adjudicación directa ha sido motivo de controversia.
Involucrados
En paralelo, el cuestionamiento de Ocaña subrayó la relación del otro socio de Ediciones Logos, Oscar Romera, quien es abogado del senador santafesino Armando Traferri, actualmente investigado por la justicia provincial por su presunta participación en una asociación de juego clandestino. Esta relación fue señalada por la diputada como un punto que requiere análisis y supervisión adicional, debido a los antecedentes de Romera y la posibilidad de que estos vínculos afecten la transparencia en la gestión de fondos públicos.
Sánchez Zinny, por su parte, desestimó cualquier relación de tipo personal o profesional con los responsables de la editorial, reiterando que “no tengo ninguna vinculación” con Chrestía ni con Romera. Sin embargo, en su respuesta, la diputada Ocaña remarcó la incoherencia de esta afirmación, al señalar que existen evidencias públicas de colaboraciones previas entre el funcionario y la firma Ediciones Logos. Según la legisladora, dicha editorial participó en la redacción de materiales de opinión durante la gestión de Sánchez Zinny en la provincia de Buenos Aires, lo cual, sostuvo, cuestiona la afirmación del vicejefe sobre el desconocimiento de sus responsables.
Para la legisladora, el caso pone de manifiesto una tendencia de contrataciones directas que, en sus palabras, “siempre benefician a amigos y empresarios cercanos al poder”. Por ello, Ocaña expresó que continuará exigiendo explicaciones a la administración para comprender las razones por las que se optó por una adjudicación directa en un contexto que, según sus palabras, ameritaba una licitación más competitiva y transparente.
Según expresó Ocaña, este tipo de contrataciones requieren una revisión profunda en la Ciudad para asegurar que no existan irregularidades en la asignación de recursos destinados a la educación pública, un ámbito que demanda altos estándares de transparencia y control en la administración de sus fondos.
