Todas las municipalidades deben llevar a cabo un control exhaustivo sobre las obras que se realizan. En Villa Gesell las autoridades informaron que la obra del edificio que se derrumbó “no estaba habilitada”.
El derrumbe en Villa Gesell encendió las alarmas sobre la situación de las construcciones en la Costa Atlántica y la labor de las municipalidades, las cuales deben llevar a cabo un control exhaustivo sobre los proyectos. Frente a la grave situación, hay antecedentes sobre desmoronamientos.
En este marco, las autoridades de Villa Gesell informaron a través de un comunicado que se trata de “una obra que se estaba realizando en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal”.
En enero de 2020 dicha ciudad balnearia ya había tenido un incidente luego de que se derrumbaran tres balcones de un edificio ubicado en la Avenida Costanera N°69, entre Buenos Aires y 301.
Los expertos anunciaron que la caída de uno de los balcones generó el efecto dominó, lo que ocasionó el desprendimiento hasta el suelo de la construcción.
En esta oportunidad no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales, pero sí generó terror al tratarse del inicio de la temporada de verano.
En 2018 en Mar del Plata dos balcones de un edificio ubicado en Punta Mogotes se desprendieron y mataron a Agustina Ferró, de 35 años, y a India Luzardi, su hija de 3.
Ese mismo año, pero en Santa Teresita, el techo de un centro cultural que se estaba construyendo se derrumbó y provocó la muerte de seis personas.
Al momento del desprendimiento trabajaban 12 obreros, los cuales solo la mitad logró salir con vida de entre los escombros.
Dos años después, en julio de 2020, también en Mar del Plata cayó una mampostería de un edificio y mató a una mujer que caminaba por el lugar junto con su hija y otra chica, quienes resultaron ilesas.
Un poco más alejado en el tiempo, en 1992, cedió un balcón y fallecieron cuatro jóvenes turistas en Pinamar.
Luego de una investigación, los responsables de la construcción del inmueble, los hermanos Juan y Andrés Majesky, fueron a juicio oral y recibieron una condena de tres años de prisión en suspenso y nueve de inhabilitación profesional.
Se establece que las construcciones en la Costa tienen mayor riesgo por la sal del mar que se expande por los vientos, sumado a las altas temperaturas y la poca sombra que hay en dichas ciudades.
