El Gobierno quiere habilitar la vía administrativa para terminar el matrimonio sin abogados ni pasar por la Justicia. “El Colegio de Abogados de San Nicolás se compromete a bregar por un sistema de divorcio cada vez más ágil pero que preserve las garantías legales y el asesoramiento profesional”, indicó la entidad que preside el Dr. Alejo Maiztegui.
De la redacción de EL NORTE
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Dentro del paquete que incluye la ley Hojarasca, su ideólogo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó el lunes en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para simplificar el proceso de divorcio, que propone que la disolución del matrimonio pueda hacerse por vía administrativa, sin necesidad de generar un expediente judicial. No obstante, la iniciativa ya cosecha rechazos, uno de ellos es el Colegio de Abogados de San Nicolás (CASN).
La entidad local, presidida por el Dr. Alejo Maiztegui, expresó su oposición a través de un comunicado en el que se manifiesta “en alerta”. “Como institución garante del ejercicio profesional de la abogacía y defensora del estado de derecho, manifestamos nuestra preocupación por el proyecto de ley que propone el divorcio administrativo”, comienza el escrito.
Entre los aspectos para fundamentar su posición, el CASN indica que “afecta garantías constitucionales, compromete la seguridad jurídica, menoscaba incumbencias profesionales, genera riesgos de nulidades y litigios futuros, y desprotege a grupos vulnerables”. A su vez, la institución “se compromete a bregar por un sistema de divorcio cada vez más ágil pero que preserve las garantías legales y el asesoramiento profesional”.
La propuesta
El proyecto de ley para simplificar el proceso de divorcio plantea la posibilidad de terminar un matrimonio por vía administrativa, siempre que ambos cónyuges estén de acuerdo. “Se propone implementar un divorcio simplificado, con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”, se lee en los argumentos del texto firmado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente Javier Milei.
La iniciativa modifica para ello el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de incluir el divorcio en sede administrativa como una de las causales de disolución del matrimonio. Actualmente, la ley solo reconoce como causas “la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, y el divorcio declarado judicialmente”.
Argentina ya ha pasado por varias reformas significativas en materia de legislación sobre el divorcio. La primera gran transformación tuvo lugar en 1987, cuando se sancionó la ley que permitió el divorcio vincular, es decir, la posibilidad de que los cónyuges volvieran a casarse tras la disolución del matrimonio. Esta medida representó un hito en la historia del derecho civil del país y abrió el camino para nuevas propuestas de reforma.
En años recientes, las modificaciones al Código Civil y Comercial en 2015 introdujeron el concepto de divorcio exprés, permitiendo a las parejas divorciarse sin necesidad de invocar causas y facilitando los trámites judiciales. Sin embargo, la nueva propuesta del divorcio administrativo iría un paso más allá, eliminando el proceso judicial en determinadas circunstancias.
Colegios
Pese a los argumentos a favor, los colegios de abogados de diversas jurisdicciones han expresado su desacuerdo con la propuesta. Las principales críticas giran en torno a la preocupación de que la figura del divorcio administrativo podría vulnerar derechos de las partes involucradas, al excluir la intervención de un juez que vele por el correcto cumplimiento de las obligaciones y acuerdos derivados de la separación.
Además, los representantes del foro legal advierten que este procedimiento podría ser contraproducente en casos donde no exista un acuerdo claro entre los cónyuges o donde una de las partes no cuente con la asesoría legal adecuada.
Por su parte, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de la cual es miembro el Colegio de Abogados de nuestra ciudad, también rechazó el proyecto de divorcio administrativo, en un comunicado. “Este proyecto de Ley atenta contra la seguridad jurídica, vulnera derechos fundamentales y principios internacionales”, agregó la FACA.
Y finalizó diciendo: “Exhortamos a los legisladores a rechazarlo y proteger los derechos de la sociedad”.
