El fiscal Federico Reynares Solari solicitó una pena de 5 años de prisión y una multa de casi $83 millones para Esteban Lindor Alvarado, uno de los narcos más peligrosos de Rosario, por lavado de activos a través de un “holding de empresas para el delito” que tenía como fin darle apariencia legal a fondos obtenidos de actos ilícitos, principalmente el narcotráfico.
Alvarado fue acusado de ser “autor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por realizarlo como miembros de una asociación para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, previsto en el artículo 303, inciso 2° del Código Penal de la Nación”.
En función de ello, el fiscal reclamó que el acusado reciba una pena de 5 años de prisión y que la multa sea equivalente a ocho veces el monto del lavado, lo que asciende a $82.936.000.
Además, Rosa Capuano, ex pareja de Alvarado, reconoció su participación en los hechos por lo que resolvió su situación procesal a través de un procedimiento de juicio abreviado, en el que recibió una condena a tres años de prisión efectiva como partícipe secundaria y se le impuso una multa de $62 millones.
Otros procesos penales
El origen de este juicio oral, de acuerdo a lo informado por el MPF, “surgió como desprendimiento de otros procesos donde Alvarado acumula condenas a 15 años de prisión por ordenar el transporte de casi 500 kilos de marihuana, y a prisión perpetua por instigar un homicidio y por liderar una asociación ilícita”.
Durante la pesquisa se logró identificar que ocho vehículos eran utilizados en al menos cinco empresas que estaban bajo las órdenes de Alvarado. Otras de las cuestiones que se estableció son las acreditaciones y movimientos de dinero en cuentas bancarias a nombre del acusado y de su ex pareja.
“En la causa por asociación ilícita y lavado de activos, y la condena por organizar el tráfico de los casi 500 kilogramos de marihuana secuestrados en General Roca, se ha develado una estructura económica y financiera formada por diversas empresas que, si bien no figuraban a su nombre, no quedan dudas de que el manejo de las mismas sí estaba a su exclusivo cargo”, detalló el fiscal.