La Cámara Federal porteña ordenó este lunes la indagatoria y captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su principal aliado, Diosdado Cabello, acusados de liderar un “plan sistemático” de torturas, secuestros y ejecuciones en su país. La medida se adoptó tras unificar las causas en Comodoro Py contra el régimen de Maduro y luego de escuchar a víctimas refugiadas en Argentina que relataron los abusos sufridos, según revelaron fuentes judiciales a Infobae.
El tribunal, compuesto por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, fundamentó la decisión al señalar que “los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados” y exhiben un patrón común en las acciones del Estado venezolano, reflejado también en informes de organismos internacionales. “Estas connotaciones muestran que la colección probatoria es suficiente para que el juez de primera instancia disponga, sin más dilaciones, la convocatoria de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, afirmaron los magistrados.
En un fallo contundente, los jueces ordenaron la captura internacional de ambos líderes a través de Interpol, argumentando que la gravedad de los hechos denunciados, ejecutados por la estructura del Estado venezolano, justifica evitar dilaciones para frenar la continuación de las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, instaron a identificar y detener a otras personas vinculadas al esquema de poder.
El pedido de captura había sido solicitado por el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por Mario Vargas Llosa. Sin embargo, inicialmente, el juez Sebastián Ramos había rechazado la solicitud al considerar que faltaban diligencias ordenadas por la Cámara. La querella apeló, denunciando nuevos hechos de violencia y recibiendo apoyo de los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe.
La decisión se tomó luego de una audiencia en Comodoro Py, donde seis víctimas del régimen de Maduro testificaron y solicitaron la intervención de la justicia argentina. Entre los asistentes se encontraba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Hoy es un día de júbilo para las democracias republicanas”, declaró Farini Duggan a Infobae, destacando que la decisión de la justicia argentina marca un precedente en la defensa de los derechos humanos en la región.
Apenas se conoció la resolución en Buenos Aires, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela respondió solicitando medidas preventivas de privación de libertad contra altos funcionarios argentinos, incluidos el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y la ministra Bullrich. Las acusaciones se relacionan con el decomiso de un avión iraní-venezolano en Ezeiza en 2022, que fue entregado al gobierno de Estados Unidos a comienzos de este año.
La investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela enmarcada en el principio de Jurisdicción Universal, que permite a un Estado enjuiciar crímenes cometidos fuera de sus fronteras, había sido impulsada previamente por el fiscal Stornelli y respaldada por denuncias de la Fundación de George Clooney y FADER. Este principio ya cuenta con antecedentes en los tribunales argentinos.
La causa contra Maduro fue reactivada en abril pasado por la Cámara Federal porteña, que consideró los delitos de “extrema gravedad” y subrayó la necesidad de actuar con urgencia. Los recientes informes de la ONU confirman que los abusos cometidos durante el mandato de Maduro entre 2023 y 2024 mantienen la misma línea de represión sistemática, calificada como crímenes de lesa humanidad.
